Si partiésemos de la simple idea de que la acción de gobernar no es equivalente a la de ganar elecciones, no sería posible una confrontación como la que mantuvo el vicepresidente Rueda (PP) con el exministro Caamaño (PSOE) a propósito de la reforma judicial de Gallardón. Porque si el objetivo confesado es evitar el inminente disparate de concentrar en las capitales de provincia todos los tribunales de instancia, y dejar a ciudades como Santiago, Ferrol o Vigo sin servicios judiciales esenciales, la opción no puede ser el «bronco debate» del que informaron los medios, sino la alianza entre el vicepresidente que quiere evitar la machada de su correligionario y el diputado y exministro que durante su mandato llevó al Congreso un proyecto de ley que hubiese evitado este dislate.
En efecto, el apartado seis del artículo único del Proyecto de Ley 121/000144, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes del 02-08-2011, disponía: «Se modifica el artículo 84, que queda redactado como sigue: Artículo 84, 1: En cada partido judicial, con sede en su capital, de la que tomará su nombre, existirá un Tribunal de Instancia». Del proyecto de Caamaño no solo no se deducía la reducción de la planta judicial a un único partido judicial por provincia -ya que en este caso su propia denominación sería inadecuada-, sino la idea de romper la esclavitud del marco provincial de 1835 -en su sentido más rancio-, para acercar los servicios judiciales a la población del 2014.
Al no entender el cambio de filosofía que inspiraba el proyecto 121/000144, ni las favorables consideraciones que había hecho sobre ella el Consejo General del Poder Judicial, el ministro Ruiz-Gallardón mezcló la idea de una mejor y más funcional territorialización y socialización de la Justicia con la demanda de los jueces y magistrados de asegurarse sus carreras, su promoción y su residencia en ámbitos urbanos, y, en vez de elaborar una nueva planta judicial adaptada al siglo XXI, cuya definición y materialización podría chocar con el interés personal de los jueces y con el omnipresente localismo de políticos y ciudadanos, optó por una forma simplona -un solo partido judicial en la capital de cada provincia- que acabó incendiando la opinión del propio PP y de todas las autonomías en las que este problema se manifiesta.
No parece que el proyecto Gallardón vaya a prosperar con tantas ciudades y tanta población implicada. Pero sería bueno que un tratamiento sereno de esta cuestión, arropado por el PP y el PSOE, evitase los movimientos pendulares en los que estamos cayendo, para que de una vez por todas pongamos la justicia donde están los ciudadanos y no donde a su personal le interesa residir. Porque, viendo que Gallardón no gana nada con este atropello, es evidente que desde algún estamento, en fuera de juego, le metieron un gol.