España es el país en que más ha crecido la desigualdad, según la OCDE. Los niveles alcanzados en la caída de los salarios y en la subida del paro nos han hecho campeones del aumento de la pobreza y la desigualdad. Ni Grecia, con todos sus problemas, nos supera.
Nos han contado que el Gobierno tuvo que tomar medidas dolorosas para atajar los efectos de políticas erróneas que no quisieron ver ni afrontar lo que se nos venía encima. Probablemente sea cierto, aunque con muchos más culpables que el Gobierno del tan denostado Zapatero.
Nos han contado que ahora las cosas empiezan a ir mejor y es el momento de empezar a compensar el esfuerzo exigido a los ciudadanos. Nos han anunciado medidas que vayan devolviendo el poder adquisitivo perdido. Entre ellas, una completa reforma fiscal que compense los aumentos de impuestos con que el Gobierno asegura que tuvo que buscar recursos en la etapa más dura de la crisis, y que, además, sea más justa y progresiva.
¿Es esa reforma la que estos días presenta Hacienda? Los técnicos del ministerio la tachan de insuficiente y regresiva, que beneficia a las rentas más altas. La Plataforma de la Dependencia considera una humillación las ayudas que prevé tras haber recortado un 37% las partidas para dependencia. Oxfam Intermón dice que aumentará la brecha entre ricos y pobres. Y las indemnizaciones por despido pagarán impuestos por primera vez.
El PP aplaudió calurosamente el discurso en el que el nuevo jefe del Estado afirmó que «tenemos el deber ciudadano de ofrecer protección a las personas y a las familias más vulnerables».
¿Es esto lo que entienden por reforma fiscal justa y por protección a los más vulnerables?