Hay días aciagos. Días en los que uno mete la mano en la actualidad y la saca llena de porquería. Ayer fue uno de ellos. Cuando nos asomábamos a los manejos de UGT de Andalucía, en un episodio de facturas infladas y desvergüenzas, se difundió el auto del juez Castro, con duras palabras de imputación de la infanta Cristina. Cuando no habíamos leído sus 160 folios, se confirmó que Magdalena Álvarez se había visto obligada a dimitir en el Banco Europeo de Inversiones. Y cuando tratábamos de digerir estas noticias, se supo que Willy Meyer, cabeza de lista de la Izquierda Plural, también dimitía por un oscuro asunto de un plan de pensiones sobre una sicav de eurodiputados montada en Luxemburgo para evadir impuestos.
En pocas horas la ola de corrupción o el delito económico lo salpicó todo: las más altas instituciones, el sindicalismo, un gobierno regional y la representación europea. Todo ello, sin contar al delegado del Gobierno en Murcia por un pelotazo urbanístico, los sobornos de Vendex en Galicia, con políticos del PP, PSOE y BNG implicados, o la contratación masiva de empleados en el Tribunal de Cuentas de familiares de altos cargos. Y todo esto es de un día.
Acudo en auxilio de mi repetido ejercicio imaginario: si esto lo lee un extranjero que llegase ayer a nuestro país, obtendría la conclusión de que ha entrado en la cueva de Alí Babá repleta de ladrones. Sé que todos los casos son distintos. Sé que la imputación de la infanta no es una condena; que la escandalosa financiación de UGT aún se está investigando; que lo del Tribunal de Cuentas puede no ser corrupción; que lo de Galicia no es nuevo, o que el señor Meyer merece elogios por su rápida reacción.
Pero la conclusión es la misma: este país ha vivido en un saco de podredumbre económica que no ha dejado nada sano y todo bajo sospecha. Las defensas que se aducen, que van desde el desconocimiento al desmentido, carecen de credibilidad después de todas las corrupciones que hemos conocido y, sobre todo, de las que siguen en limbo judicial, en instrucciones eternas y en juicios que nunca llegan.
Lo siento por las personas implicadas. Lo lamento por las instituciones perjudicadas. Pero, si ayer fue el día de las noticias, hoy es el día de la demanda irritada: esto no puede seguir así. La sociedad ya no tolera más (no debiera tolerar) el abuso de privilegios. No es admisible que no quede un palmo de la geografía nacional libre de delitos económicos. Y, desde luego, clama al cielo que, mientras los más débiles hacen cuentas de unos míseros euros que les serán perdonados con la reforma fiscal, haya parlamentarios que burlan al fisco nada menos que con una sicav. No hay mejor manera de desmoralizar al país.