El pasado 9 de julio resumía en esta sección (titulaba: «Podemos, entre bomberos y mucha gasolina») algunos hechos que, en mi opinión, seguían alimentado la marea electoral que afloró en las elecciones europeas. Hechos que son como gasolina para un incendio -electoral y social- que numerosos bomberos buscan apagar descalificando a los portavoces más mediáticos de Podemos.
En los últimos días se han divulgado resultados de distintas encuestas que confirman el fracaso de los bomberos ante tanta gasolina. El incendio de Podemos sigue ampliándose. Quizás tenga que ver con más sucesos de este mes que resumo a continuación por orden más o menos cronológico.
Los principales bancos del país, ACS y Sacyr ,negocian con el Ministerio de Fomento y Hacienda cómo trasladarnos las autopistas quebradas del entorno de Madrid (que pasarán a ser públicas), mientras tanto, las que son rentables, nos trasladan monumentales atascos. En un decreto urgente del Gobierno se decide que serán los consumidores de gas los que pagarán los costes de un litigio entre Gas Natural y un proveedor extranjero. Tiene que ser un tribunal europeo el que multe a Telefónica por abuso muy grave de posición dominante en la banda ancha en los últimos años.
Los clientes de los bancos españoles pagamos un 75 % más que los europeos por sacar dinero de un cajero y, casi al mismo tiempo, nos enteramos de que hoy reciben prestaciones por desempleo casi medio millón de parados menos que hace un año. Nos ahorramos así 500 millones al mes y, a cambio, el Gobierno anuncia que gastaremos 17 millones al año para luchar contra la pobreza infantil.
También nos enteramos de que, desde hace cinco años, Repsol, Cepsa y BP vienen incumpliendo una resolución que expedienta sus prácticas oligopólicas. Es noticia la detención de directivos de una empresa pública por corrupción y otros graves delitos sin que nadie dimita de la SEPI y de los ministerios afectados que son miembros de su consejo de administración.
Durante la década prodigiosa nadie (por ejemplo tribunales de cuentas, Hacienda) se enteró de las facturas falsas (de UGT, de Gowex) o de los casi mil millones gastados sin control en una región española en fondos para la formación.
Parece ser que Caja Madrid no fue intervenida por el Banco de España cuando saltaron todas las alarmas (un ejemplo de manual de captura del regulador), mientras Catalunya Caixa, después de comerse trece mil millones de dinero público, se vende por mil millones a un banco privado. Y nadie en la cárcel.
El muy honorable ex presidente de Cataluña se declara defraudador de Hacienda durante más de treinta años y se acoge a la amnistía fiscal del Gobierno para afloramientos voluntarios no derivados de una inspección. Ningún ministro de Hacienda de los últimos treinta años (les ahorro la lista) se dará por aludido. Atentos, bomberos: continuará.