Este inicio del otoño tiene aparejadas algunas alegrías aparentes. Entre ellas, obviamente, la dimisión del ministro Gallardón. Gallardón no se la merece más que algunos otros ministros que han huido del consenso legislando sobre temas que son piedras angulares de nuestra sociedad, como hizo el ministro Wert en educación o aquellos otros políticos que han procurado alterar normas y consensos en la sanidad llevándola a su mercantilización, sino porque elevó a categoría de principio moral único y universal la propuesta legislativa del Gobierno de Rajoy de interrupción del embarazo.
Alegría también porque el presidente Rajoy, a expensas de lo que suceda con el recurso a la vigente ley de interrupción del embarazo que él y otros diputados populares presentaron en el Constitucional y que no ha sido retirado, haya decidido encajonar el anteproyecto aprobado en su Consejo de Ministros -con su ausencia- en diciembre del 2013. Anteproyecto que ni entre los suyos -voces claras de Celia Villalobos o Núñez Feijoo- lograba alcanzar el consenso.
No echaré en cara al presidente Rajoy que haya incumplido en el aborto su programa electoral. Por más que sepa que sus razones atienden a tener detectado una fuerte desafección social e incluso a protegerse de la posible deserción electoral que sosteniendo tan retrógrado e inhumano proyecto legislativo podría cosechar entre sus votantes. Y por más que siga maliciándome que el tiempo, la hora y los contenidos del citado anteproyecto aprobado en su Consejo de Ministros hayan sido utilizados de cortina ocultadora del caso Bárcenas en el momento exacto en que un juez ordenó un registro en la sede del Partido Popular en búsqueda de financiación ilegal.
Alegría, por último, porque puede que a partir de ahora nadie se atreverá a hablar o a predicar del drama individual del aborto con la ligereza y falta de respeto hacia las mujeres como las que se han utilizado en este largo debate y en el articulado de esta ley, con firmes antecedentes en ese recurso de inconstitucionalidad del 2010 preparado por Federico Trillo y la actual vicepresidenta, aún pendiente de resolver cuatro años después.
El uso de proyectos de ley yenka -un pasito adelante, dos pasitos atrás- quizá sea útil para enredar al respetable o para enunciar principios que si no gustan se pueden cambiar. Pero tanto en el caso de esta ley abortada de interrupción del embarazo, como aquella tan obvia, democrática y sensata de la reforma electoral para elección de alcaldes con prima a la mayoría y desprecio a las minorías, parece que los estudios demoscópicos aconsejaron quedarse ya y de momento en los dos pasitos atrás.
Por más que puede suceder que esta alegría dure poco en la casa de los pobres, y sea el Constitucional y el recurso no retirado de Federico Trillo del 2010 quien pueda dar la puntilla a la ley de plazos, minimizando costes electorales para el PP.
Caminos inescrutables. ¿Consultaría Rajoy con el embajador de España ante su Graciosa Majestad?