Ya por los meses del pasado verano llamé la atención sobre la gasolina y carburante que alimentaban la aceleración social del fenómeno Podemos. El fin de semana de la elección de Pablo Iglesias como su máximo dirigente, la viñeta de nuestros incisivos Pinto & Chinto recogía la misma idea: en ella el fórmula I de Podemos, pilotado por Iglesias, repostaba un carburante llamado corrupción.
Creo que sería más exacto decir que se trata de una mezcla más explosiva: pillaje, corrupción, desigualdad y ley del embudo. Repasemos los detalles de tal mezcla, combustible súper plus, en los últimos treinta días.
Empezamos conociendo que tres millones de niños españoles no tienen cubiertas sus necesidades básicas y que, según Unicef, ochenta mil niños gallegos están en riesgo de pobreza. Que solo un tercio de los españoles disfrutan ahora de un pleno bienestar social mientras hace seis años eran la mitad. Que siguen aumentando los desahucios de viviendas habitadas. Que tanto las nuevas pensiones como la pensión media decrecen, mientras Hacienda informa de que un tercio de los asalariados gallegos se arreglan con unos ingresos medios mensuales de trescientos euros.
Que, según Facua, el precio de la luz durante este año ha subido un 20 %, mientras la fiscalía investiga a Industria por no reclamar a las eléctricas tres mil millones de euros cobrados de más a los usuarios. Que los precios de los carburantes no caen en sintonía con el precio del barril, mientras los beneficios de las operadoras crecen.
Mientras esta era la evolución de la situación social por abajo, nos enterábamos de que, por arriba, el partido del Gobierno pagaba en negro las obras en su sede central, que cargos electos eran detenidos por cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones de obras un día, y otro día por contratas sobre parques y jardines en toda España.
Un expresidente del Barça entraba en la cárcel por sobornar a inspectores de Hacienda, mientras un juez acusa a Hacienda por no denunciar por delito fiscal a más de quinientos evasores españoles con cuentas en el HSBC en Ginebra (Suiza). Conocíamos que desde Luxemburgo se facilitan regalos fiscales a empresas por rentas obtenidas en España, mientras el FROB enviaba a la fiscalía fraudes en cajas nacionalizadas.
Menos ingresos públicos y más gastos alegres: más deuda pública ilegítima.
En medio de este lodazal, el presidente del Consejo Empresarial para la Competitividad reclamó, sin arrugarse, retrasar la edad de jubilación y un recorte de treinta mil millones de gasto público, aunque al día siguiente la CNMC multase a la empresa que preside por dificultar la competencia. Predicando sin dar trigo: la ley del embudo.
Ante esta mezcla de pillaje, corrupción y desigualdad, los que se alarman porque no les cuadran las cuentas de las 68 páginas de la propuesta económica de Podemos conocidas el jueves no parecen darse cuenta de que lo insoportable para la mayoría de la sociedad española son las consecuencias de las actuales cuentas de la ley del embudo.