Rendir cuentas en las sociedades democráticas es una obligación básica que se hace efectiva al finalizar el ejercicio. Y en esa rendición hay que explicar también cuál es el volumen de la deuda pública acumulada, los costes de la misma, quiénes son los prestamistas y qué ciudadanos se benefician de esa deuda. Esta información es imprescindible para analizar las bondades (y maldades) de las políticas económicas que se aplican en la Unión Europea. Porque la deuda pública ya no es solo un impuesto aplazado que soportarán las generaciones futuras. La deuda pública es ahora instrumento poderoso e inmoral que genera fortunas y desigualdad social obscena. Auditar la deuda pública de Grecia y de España es ya una obligación urgente que no podrán eludir los Gobiernos e instituciones que las propician.
La deuda pública griega representa el 174 % del PIB y tiene un coste anual (intereses) del 4,3 % del PIB en el 2014. La deuda pública española supera ligeramente el 100 % del PIB y su coste anual equivale al 3,5 % del PIB. El coste de la deuda pública en Italia y Bélgica oscila entre el 5 % y el 6 % del PIB, pero aquí no pasa nada. ¿Por qué? La respuesta exige información adicional que debe ser conocida. Porque los propietarios de la deuda pública griega no son ya los bancos privados (alemanes, franceses, españoles, etc.), sino instituciones públicas como el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), que atienden y financian los Estados de la Eurozona.
Este cambio en la propiedad de la deuda pública griega, permitió hacer alteraciones en la misma y lograr así algunas ventajas. Pero su objetivo central era rescatar a la banca privada alemana y de otros países europeos. Por eso el BCE compró la deuda pública de los bancos privados a precio exagerado, después de haberles entregado más crédito (a interés reducido) para adquirir esa deuda pública. El resultado es lamentable. Grecia sufre, como España, más impuestos y menos gasto social para pagar los intereses de esa nueva deuda estatal, lo que generó empobrecimiento acelerado, como en España, y un proceso de desigualdad brutal de rentas, como en España. La Troika no buscaba el rescate de Grecia, sino el rescate del sistema bancario europeo. Ese era y es su interés prioritario.
Pero los defensores del statu quo político y mediático condenan ya al nuevo Gobierno griego por auditar la deuda pública y clarificar la situación. Conocer quién gana y pierde en el proceso es ahora, por fortuna, obligación que también exige el Parlamento Europeo. Lo que no evita que las estafas tengan siempre beneficiarios poderosos que trabajan duro en la dirección contraria.