Para hablar con rigor de la auténtica dimensión del nuevo escándalo de Rodrigo Rato, hacen falta algunas precisiones. Hace falta saber qué cantidad repatrió del extranjero con la amnistía fiscal del 2012. Después, aclarar cuándo fue obtenido ese dinero, porque no es lo mismo que haya sido acumulado como vicepresidente económico que en sus actividades posteriores. En tercer lugar, es preciso saber si procede de alguna herencia, porque su padre tuvo una importante actividad económica; si se trata de un patrimonio familiar (recordemos la venta de la Rueda de Emisoras Rato a la ONCE), o si es fruto de su relación profesional y de asesoría con el banco Lazard. Y por último, es imprescindible saber si las investigaciones están conduciendo realmente a algún tipo de blanqueo de capitales. Cada una de las circunstancias mencionadas es distinta y distinto será, por tanto, el juicio social que merezca. Por el momento, lo único que se sabe es que la vigilancia ha funcionado, que la cantidad de dinero regularizado ha llamado la atención de la Agencia Tributaria y que esta llevó el caso Rato al Sepblac (Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales). Lo llevó de oficio, igual que los otros 704 casos que le parecieron sospechosos. Hay razones para investigar, pero todavía no indicios suficientes para que se pueda hablar de delito. Y hay, por supuesto, la escandalosa circunstancia de ver que quien ha dirigido la política fiscal de este país resultó ser un ciudadano que escondió dinero al fisco. Después de la amnistía de Montoro, esto por sí mismo no es delito, pero, siento decirlo, es el peor ejemplo que un hombre público puede dar a la nación.
De quienes discrepo es de los diputados que aprovecharon para pedir la dimisión de Montoro. El ministro de Hacienda quizá tenga muchas razones para dimitir, pero una de ellas no es Rodrigo Rato. Si algo no hubo en esta historia ha sido amiguismo ni tráfico de influencias. Al revés: a Rato se le ha dado la misma oportunidad que a todo el mundo que tenía fuera su patrimonio, y han sido 31.000 personas o empresas. Una vez traído y declarado su capital, se le ha tratado como si nunca hubiera sido ministro del Gobierno, ni diputado, ni dirigente del PP. Cuando hubo sospechas de blanqueo, se inició una investigación exactamente igual que sobre el resto de los sospechosos. Espero que, si se descubre algo delictivo, se remita al fiscal con la misma naturalidad.
En todo caso, la sentencia social ya está dictada: Rodrigo Rato es otro ídolo derribado, si no lo había derribado ya todo lo de Bankia. Y en su caída no se hunde solo él. Se hunde el respeto que merece su etapa en el Gobierno y lo que la economía en esa etapa representó.