Entre los cambios profundos que acompañan a la globalización y la consecuente transformación de las sociedades están los conflictos armados en los que no se declara la guerra y, por ello, no se respetan las reglas de las cuatro convenciones de Ginebra (1864, 1906, 1929 y 1949) para el trato a los militares heridos, enfermos o náufragos en los ejércitos en campaña, el comportamiento con los prisioneros de guerra y la protección de personas civiles.
Ante esos conflictos o los que protagonizan contra varios países las distintas organizaciones yihadistas, no pocos juristas se preguntan si estamos en guerra. Y si lo estamos, si rigen los normas de la guerra para combatirla, incluida la ocupación del terreno y la aplicación de los principios de Clausewitz, o, por el contrario, hay que establecer nuevos ilícitos penales que, como efecto no deseado desde el 11-S, disminuyen la calidad democrática y los derechos y libertades de los Estados que los amparan, ya que socavan los pilares del Estado de derecho al adentrarse esas democracias en zonas de pura indefinición en su lucha contra unos fenómenos que son globales y protagonizan individuos dispersos por el mundo.
Los países afectados por la declaración unilateral de guerra del Estado Islámico (EI-Daesh, antes Califato Islámico, antes EIIL, antes EII, antes ISIS), Al Qaida, Al Qaida del Magreb, El GIA, Abu Sayad, Boko Haram o cualquier otra denominación de la yihad (lucha) se han dotado hasta ahora de leyes y acuerdos internacionales para combatirlos con métodos policiales y de inteligencia que intentan neutralizar al enemigo allí donde está. Y para luchar contra el EI, que ocupa extensos territorios en Irak y Siria y una parte de Libia, una coalición de países, entre los que se encuentran varios musulmanes, bombardean desde el aire sus posiciones, mientras los peshmergas (el «ejército» del Kurdistán iraquí) y las fuerzas militares iraquíes, asesoradas y entrenadas por militares de varios países occidentales, les batallan por tierra, habiéndole arrebatado ya el 30 % de territorio que controlaba en el norte de Irak.
Sin embargo, todo esto es insuficiente por lo que, sabedores de que tropas occidentales sublevarían a las poblaciones locales y crearían más problemas que soluciones, se pretende que ejércitos de países musulmanes pertenecientes a la Liga Árabe ocupen el terreno hasta derrotar al EI.
En una palabra, Occidente quiere derrotar al EI por procedimientos indirectos, sin declaración formal de guerra y sin enfrentamiento en tierra ni ocupación del territorio enemigo. Una tarea difícil pero plausible de la que se habló en la reciente reunión en Barcelona de los ministros de Exteriores de los países de la cuenca del Mediterráneo, así como de la necesidad de que los Estados miembros de la UE revisen sus estrategias de seguridad nacional ante la gravedad de la amenaza yihadista.
Y como consecuencia directa de estos conflictos, el drama de los que huyen de ellos, que, azuzados y extorsionados por las mafias, llegan hasta Libia, Estado fallido tras el derrocamiento y asesinato de Gadafi, para atravesar el Mediterráneo en cualquier cosa que flote y alcanzar su Edén.