Desde 1979 se han celebrado en España 11 votaciones de investidura en el Congreso y algo más de 150 en los parlamentos autonómicos. En todas, salvo en la de Susana Díaz para ser elegida presidenta de Andalucía, el candidato venció en primera votación, por mayoría absoluta, o en segunda, por mayoría relativa. Díaz, que inaugura la situación generada por la irrupción de Ciudadanos y Podemos, es la primera candidata que no consigue ser investida ni aun en la tercera votación y ya veremos cómo acaba la historia tras los comicios del domingo.
En línea con las encuestas que hemos ido conociendo para ayuntamientos y parlamentos regionales, la nueva entrega del tracking de Sondaxe ofrece hoy un panorama muy abierto, que parece indicar que las mayorías absolutas van a ceder el puesto, también en Galicia, y en no pocos casos, a los gobiernos de coalición entre dos, tres o más partidos.
Muchos ciudadanos, que interpretan según sus preferencias lo que pasa en países europeos donde también hay coaliciones, están felices de que al fin las mayorías absolutas puedan ser cosa del pasado. Con ellas sucede, sin embargo, algo llamativo: que los partidos siempre aspiran a obtenerlas (al menos los que tienen esa posibilidad), pero las critican, como más malas que la quina, cuando quien las obtiene es su adversario.
Aunque sé que hay gobiernos de coalición que marchan bien y mayorías absolutas desastrosas (siempre se ejemplifica con el reciente caso de Santiago, que es una excepción de casi imposible parangón), la verdad es que los gobiernos de coalición pueden tener un problema estructural que sería una estupidez desconocer: que en ellos los partidos coaligados, lejos de actuar con mutua lealtad, compitan no solo con la oposición sino igualmente con sus socios, cuando aspiran a superarlos en las siguientes elecciones. De hecho, por más que en España los gobiernos regionales de coalición hayan sido pocos, ello no ha impedido que su memoria resulte manifiestamente mejorable: piénsese en el bipartito gallego o en los tripartitos catalanes.
Por eso, entenderán que no comparta un entusiasmo ampliamente extendido: la obligación de los gobiernos municipales y regionales es, obviamente, la de gestionar de la mejor manera posible los intereses generales, lo que resulta, en principio, mucho más difícil de lograr cuando los partidos que forman el ejecutivo están mirando por el rabillo del ojo a los restantes. Los gobiernos de coalición suelen funcionar bien cuando suman un partido grande y otro muy pequeño y el segundo acepta su posición subordinada: eso aconteció en su día con los del PSOE y el PCE. Pero no parece, ni de lejos, que tal vaya a ser el caso de la mayoría de las coaliciones que se formen tras las elecciones del domingo, coaliciones que podrían muy pronto ser peleas de gallos.