Acaba de quedar visto para sentencia el juicio por el caso de las indemnizaciones millonarias en Novacaixagalicia. Se juegan tres años de cárcel el que fue presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, acusado por la fiscalía como cooperador necesario, el abogado Ricardo Pradas, y los exdirectivos José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada. También espera veredicto Javier García de Paredes, procedente de Caixa Galicia. Lo hace, sin embargo, con otra tranquilidad. Todos los acusadores, incluidos el FROB y Anticorrupción, han solicitado su absolución. La petición llega cuatro años después de que se desatara un caso con claras motivaciones políticas (se presentó la querella el mismo día que el Gobierno pedía el rescate financiero para España y en la calle se había desatado un escándalo social) y después de que fructificara la apuesta de los grandes poderes fácticos de acabar con las cajas de ahorros en España.
En la Audiencia Nacional quedó demostrado que García de Paredes no planeó el cambio de su contrato ni tampoco lo ocultó. Se supo que quería permanecer en la entidad, pero que un desencuentro con el consejero delegado -al que hoy aprecia- acabó con su futuro en defensa de la institución y empezó su particular destierro en Madrid. Tras la petición de su absolución, no todos los acusados son iguales. Ahora el tribunal tiene la palabra.