Solo los malvados, que son minoría, afortunadamente, pueden aceptar que unos menores de edad se queden en la calle tras un desahucio porque sus progenitores no pueden pagar el alquiler de la vivienda, o que corra igual suerte una persona anciana y sola. Los servicios sociales deben atender inmediatamente a este tipo de afectados para que tengan un techo en el que cobijarse dignamente. Es lo que dictan la razón y la justicia social.
Ahora bien, otra cosa es pretender que quien posee una vivienda y necesita para su peculio la renta del alquiler que por ella obtiene deba apechugar con el impago de sus inquilinos por la simple razón de que unos vociferantes se apuesten en el domicilio para impedir un desahucio dictado por la Justicia.
El flamante regidor de Cádiz, cabeza de lista de la marca blanca de Podemos Cádiz Sí Se Puede, José María González, ya ha bajado de la nube en la que se subió cuando solo se le conocía por el alias de Kichi, y ha tenido que presenciar y admitir como alcalde la actuación de la policía para efectuar un desahucio ordenado por un juez en aplicación de la ley y en defensa de la legítima y constitucional propiedad privada.
Lo que deben hacer José María González, Ana Colau, Manuela Carmena y cuantos regidores municipales y presidentes autonómicos han accedido a sus cargos tras las elecciones del 24-M es dedicar más esfuerzos y fondos públicos a la construcción de vivienda social en España y menos a la demagogia y al incumplimiento de las leyes. Ahora tienen una buena oportunidad para redistribuir de otra manera la recaudación de los contribuyentes y priorizar el gasto, cortando de raíz los dispendios inútiles, suntuosos y escandalosos de muchas de las administraciones que han heredado, entre ellos los de asesores y familiares en puestos ex profeso.
Según un reciente estudio de Amnistía Internacional (AI), España está a la cola de la Unión Europea (UE) en vivienda social (solo superada por Grecia), al contar únicamente con un 1,1 %, frente al 32 % de Holanda, el 23 % de Austria, el 18 % del Reino Unido o el 17 % de Francia. A esta paupérrima cifra hay que añadir que entre el 2009 y el 2014 los Presupuestos Generales del Estado han reflejado una reducción de más del 50 % en este tipo de viviendas y que nuestro país concentra cerca del 30 % de todas las casas vacías de la UE.
Y es en la construcción y urbanización de calidad digna, adjudicación y llevanza justa y transparente de ese tipo de viviendas en dónde tienen que concentrarse y poner el acento los nuevos responsables políticos de las Administraciones públicas, y no en oponerse a unos desahucios justos que lo que hacen es proteger al legítimo propietario de un inmueble por el que ingresa rentas y paga impuestos y tasas con los que mantener en pie ese Estado de bienestar que todos queremos y que algunos ingenuos o aprovechados creen que se alimenta de las hojas de los árboles.