La consulta abierta sobre la posibilidad de sancionar al diputado de Amaiur que le arrancó dos hojas a la Constitución constituye una ocasión inmejorable para reflexionar sobre la salud mental de un país que empieza a no saber qué es, ni qué quiere, ni quién lo representa, ni si está orgulloso o avergonzado de sí mismo, ni quién manda -con perdón- en este gallinero.
Si yo fuese presidente de las Cortes, lo único que trataría de averiguar es si el maltratado ejemplar de la Constitución era propiedad del soberanista o formaba parte de los fondos del Parlamento. En el primer caso no diría ni haría nada, aunque para mis adentros considerase a Sabino Cuadra un maleducado. En el segundo caso sí que actuaría de forma contundente: le obligaría a pagar los 12,5 euros que cuesta un ejemplar de la Carta Magna, y le pondría una multa del quíntuplo (62,5 euros) por atentar contra el patrimonio bibliográfico del pueblo español. Total: 75 euros de vellón. Cualquier otra actuación, creo, sería una desmesura y un ridículo, o un infantilismo enrabietado.
Lo que ofende la inteligencia y genera desorientación general es que, en un país donde una institución del Estado se pasa la Constitución por el arco de triunfo, donde la Generalitat de Cataluña auspicia y organiza una operación sediciosa que ya ha afectado gravemente los intereses y la identidad política y cultural de todos los españoles; y donde personajes como Mas y Junqueras se orinan en público -de momento solo simbólicamente- sobre el Tribunal Constitucional, la legalidad, los tribunales ordinarios y las autoridades supremas de la nación, en ese país, digo, te pueden sancionar por romper un libro de tu propiedad -que contiene el texto de la Constitución, pero no es la Constitución- para demostrar como los gallos de corral, que nadie se nos sube a las barbas. ¡Vaya gilipollez! ¡Vaya cobardía! ¡Vaya supina ignorancia sobre lo que es la ley y para qué sirve! ¡Vaya ramalazo autoritario contra la suprema libertad que todos tenemos, y la Constitución nos garantiza, para hacer chuminadas! ¡Vaya respeto a la condición del diputado y a su inviolable marco de libertad! ¡Vaya incapacidad para distinguir, no ya entre la anécdota y la categoría, sino entre vender el Estado a un traficante y echar una botella de plástico en el contenedor!
El problema de España habita en Madrid, no en Barcelona. Porque es allí donde radica la panda de maulas que nos hicieron vivir en vilo -como un salto mortal- el bochornoso proceso que desemboca en este 27-S. Lo único que podemos esperar es que la Virgen de Montserrat -«Rosa d'abril, morena de la serra»- nos deje como estamos. Porque los poderes del Estado siguen sin comparecer, y porque los jueces y fiscales son muy audaces contra las chuminadas, pero se arrugan, diciendo que llueve, ante todo lo demás. ¡Impresionante!