El mejor escudo para salir ileso de cualquier decisión interesada o calamitosa que se tome es ejercer actividades en la política, el deporte o las multinacionales. Ahí nunca hay problema, por muy catastróficos que sean los resultados. Ejemplos tenemos por miles en errores gravísimos que se saldan con un lamento, sin que se exija otro tipo de responsabilidades. El último lo acabamos de ver hace solo unas horas con la resolución que anula la decisión de la Comisión Europea, con el gran Almunia de recadero, de declarar ilegal el tax lease.
Lo que ocurre es que la sentencia llega una década después de que se iniciara el contencioso y se ha llevado por delante a astilleros, dos en Vigo, empresas auxiliares, autónomos y solo en la ría viguesa 8.000 empleos directos e indirectos, a decir de los sindicatos. El daño, se vino diciendo, es irreparable, porque, aunque España aún no comenzara a devolver las ayudas, su sector naval ha perdido competitividad, credibilidad y crédito en los mercados internacionales y ha venido compitiendo en desventaja.
Bien, y llegados aquí: ¿ahora qué? Es lo que nos preguntamos cuando se expolia un banco, se construye una autopista a ninguna parte o se enriquece uno a cuenta de nuestros bolsillos. Pues una vez más la respuesta es clara. Pues ahora, nada. Se presentarán nuevos recursos y el naval gallego y el español se mantendrán en la inseguridad y la zozobra.
Por pedirlo una vez más, que no quede. Hay que parar esta toma de decisiones alocadas e irresponsables que se realizan desde cargos públicos. Ni que sea la Comisión Europea ni que sea el alcalde de Bocamaos, si es que lo tiene. Hay que legislar urgentemente para que atropellos como el del tax lease no queden impunes, porque mientras quienes los cometen siguen viajando en lujosos coches blindados, los que los sufren han quedado tirados en la cuneta. Y así llevamos toda la vida.