Si juntásemos en una sala de reuniones a los ministros de Educación que ha tenido España en los cuarenta últimos años y les pidiésemos que tratasen de explicar su labor de un modo que resultase fácilmente comprensible para todos no sería de extrañar que sus excelencias se arrancasen a bailar la yenka sin pensárselo dos veces. ¡Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, atrás, un, dos, tres! ¡Y volvemos a empezar!
La yenka, desde luego, pues en ningún ámbito de las políticas públicas como en el de la educación -primaria, secundaria o universitaria- han tenido los ministros y los Gobiernos a los que cada cual pertenecía tal furia reformadora, tal pasión irrefrenable por enmendar la plana a todo lo existente, tal ambición por dejar su propia impronta, aun a sabiendas de que el que llegará detrás hará lo mismo que el ministro de turno respecto de su predecesor: entrar a saco, BOE en mano, a poner patas arriba una vez más el sistema educativo.
En confirmación de esa tendencia demencial, que ha convertido la legislación española en la esfera de la enseñanza en un ejemplo prodigioso de la ley de Lavoisier (la normativa educativa ni se crea ni se destruye, solo se transforma), el pleno del Congreso de los Diputados acaba de convalidar el Decreto Ley del Gobierno reformando el sistema de reválidas, que había sido establecido como quien dice antes de ayer. Yo he criticado en este mismo espacio tal sistema, pero no es esa la cuestión, sino la certeza casi total de que lo que ahora se aprueba durará lo mismo que un caramelo a la puerta de un colegio (¡y nunca mejor dicho!).
Que las leyes de un país se modifiquen no solo es lógico, sino incluso inevitable, pues lo que evoluciona en la actualidad a una velocidad vertiginosa es la propia realidad, a la que toda ley debe acomodarse si quiere ser un instrumento útil y eficaz. Pero cambiar las leyes por cambiarlas, es decir, reformarlas o derogarlas antes de que hayan podido constatarse sus efectos, que es la tradición española en materia de educación, constituye siempre una irresponsabilidad, casi siempre una muestra de sectarismo ideológico y muchas veces una flagrante violación de la seguridad jurídica a la que tienen derecho alumnos y docentes. Los primeros están hartos, con toda la razón, de que las reglas de juego oscilen como un péndulo. Los segundos y sus familias hasta el gorro, también por motivos evidentes, de no saber a qué atenerse.
Está archidemostrado que la estabilidad de los sistemas educativos, que la continuidad legislativa tiende a asegurar, es un elemento esencial para que aquellos puedan mejorar la calidad de sus resultados de forma progresiva. Pero los responsables en España de garantizar tal estabilidad y continuidad se comportan de un modo tan incomprensible como errático: todos proclaman su voluntad de acabar de una vez con la yenka educativa y todos acaban poniendo las bases para que tan endemoniado baile no termine.