Conforta escuchar a ilustres miembros del Gobierno expresar su compromiso contra la violencia de género y a representantes de distintas fuerzas políticas reclamar más rapidez en la firma del pacto de Estado contra esta lacra.
Pero la sensación de alivio decae en cuanto tropieza con la realidad. Datos como los que se podían leer en este periódico a lo largo del fin de semana pintan un oscuro panorama. Que los equipos psicosociales tarden hasta un año en realizar una valoración a víctimas de maltrato, o que una víctima afirme categóricamente que «la Justicia no me protege» y ruegue que se aceleren los trámites y se destinen más medios para formar a jueces y fiscales en esta materia dan idea de la montaña de dificultades que el sistema pone frente a una mujer maltratada.
Otras informaciones publicadas en los últimos días hablan de juzgados de violencia de género saturados, cuyos funcionarios se ven obligados a jornadas interminables, demoras de informes forenses porque los profesionales no dan abasto o de equipos psicosociales recortados que frecuentemente no pueden prestar sus servicios en el propio juzgado.
El presupuesto para la lucha contra la violencia de género se situó el año pasado en 25,2 millones de euros. Aumentó un 6 % sobre el 2015, pero quedó aun lejos de los 34,3 millones de solo seis años antes. Un recorte del 26 % en seis años rebaja drásticamente el pregonado compromiso que se repite cada vez que aparece una nueva víctima.
Los compromisos verbales se quedan terriblemente cortos cuando lo que está en juego es la diferencia entre la vida y la muerte o empezar a salir de un infierno. Urgen muchos más hechos contantes y sonantes.