El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha publicado el pasado día 7 de este mes su informe anual relativo al año 2016. En dicho informe critica de forma terminante a España por no atender sus recomendaciones para fortalecer la independencia judicial.
Si a ese informe unimos la opinión desfavorable de la ciudadanía respecto a la Administración de Justicia, el panorama que se evidencia es el de la necesidad de cambio.
Se echa en falta en la Administración de Justicia española un mecanismo de auditoría del sistema y en particular de los diferentes jueces y tribunales, al modo que se auditan las universidades y los profesores, para evaluar sus méritos a efectos de acreditación.
No se concibe en el contexto actual que no exista un procedimiento de acreditación de la oficina judicial y de los jueces, con un sistema de control externo y con unos baremos objetivos, a efectos de la promoción profesional, traslados, designación para puestos de gobierno de la judicatura, etcétera.
Resulta difícil comprender que no existan encuestas a los usuarios y profesionales intervinientes ante los tribunales, con los correspondientes ítems relativos al grado de satisfacción de quienes comparecen ante un determinado tribunal.
Otro mecanismo útil para incrementar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y para garantizar la independencia judicial, sería la posibilidad de que el ciudadano pudiera elegir libremente el juez que ha de conocer de su caso, manteniendo las causas de abstención y recusación. Si en la sanidad se puede elegir médico, no se explica que no se pueda elegir al funcionario de la Administración de Justicia que ha de juzgar el asunto.
Probablemente con ello modificaríamos ciertos comportamientos y obtendríamos datos para utilizar en traslados, ascensos o nombramientos. Y todo ello sobre la base del artículo 117 de la Constitución Española que establece que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados. Con ello ganaríamos no solo en independencia, sino en otros aspectos que harían mejorar la calidad del servicio y la opinión de los ciudadanos sobre la Justicia.