Nos hemos pasado mucho tiempo -y pónganme a mí el primero- acusando a Mariano Rajoy de actuar como don Tancredo, de no tomar ninguna medida ante las bravatas de unos independentistas dispuestos a violar todas las leyes y de no tener preparada una respuesta capaz de impedir que al final se salieran con la suya y celebraran un referendo ilegal. Rajoy es un irresponsable que espera que los problemas se solucionen solos, frente a un astuto conglomerado secesionista que trabaja unido, tiene todo perfectamente planificado y acabará dejando en ridículo al Gobierno y al Estado español. Océanos de tinta se han empleado desde hace años para difundir semejante tesis en casi todos los medios.
Pero, llegada la hora de la verdad, comprobamos, algunos con dolor, que no era así. Frente a aquellos pusilánimes que atemorizados por la vehemencia con la que los golpistas seguían adelante con sus planes de sedición no ofrecían más solución que rendirse y negociar el fin de la nación española, Rajoy tenía claro que el poder de un Estado de derecho es inmenso y que quien le echa un pulso acaba perdiendo. La clave es no precipitarse ni excederse a la hora de aplicar todo el poder de la democracia -porque eso era lo que buscaban los sediciosos para justificar su golpe-, pero ser implacable cuando se traspasa la frontera democrática y se pone en riesgo la supervivencia misma del Estado de derecho. Y los que han traspasado ese límite comprueban ahora cuán poderoso es un Estado de derecho en el que jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y la inmensa mayoría de partidos políticos no dudan en aplicar la ley y unir fuerzas junto al Gobierno, sea el que sea, para defender la Constitución. Habiendo tenido a casi todos en contra, Rajoy tiene ahora a casi todos a favor y los golpistas están cada vez más solos.
Una aplastante mayoría del Parlamento español, con fuerzas de derecha, de izquierda y de centro, le ha dejado claro a los independentistas que lo que pretenden es un atropello a la democracia. Y las cuatro asociaciones de jueces, progresistas, moderados y conservadores, han dicho que la Generalitat ha perdido ya el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida. Nada menos. Algo habrán hecho mal los independentistas.
Siendo una tragedia que sus gobernantes hayan expuesto a Cataluña, uno de los territorios más prósperos y pujantes de Europa, al ridículo internacional, el moribundo procés deja cosas buenas. La unidad de las fuerzas constitucionalistas -aunque nadie duda de que solo durará hasta el 2 de octubre-; la voz unánime del poder judicial; la constatación de que Podemos y sus confluencias son un aprovechado y caótico ejército de Pancho Villa incapaz de sostener un discurso coherente y unitario, y la evidencia, para todos los catalanes, de que los supuestos estadistas Puigdemont y Junqueras solo eran un par de charlatanes aventureros que les estaban metiendo en un oscuro callejón sin salida. Y hasta ha mostrado al mundo que Julian Assange es un analfabeto político tan prepotente como ignaro. Algo es algo.