Si hay un problema, lo primero es diagnosticarlo, lo segundo resolverlo. Para diagnosticarlo, hace falta conocimiento, mejor científico. Hay un problema catalán, debido a un desafío secesionista, que ha derivado en una crisis de Estado; aunque hay quien piensa que el problema es España, no Cataluña. Ante la falta de conocimiento verificado, cada cual interpreta la realidad a su manera, tirando a menudo de supuestos sin comprobación empírica. Ejemplos de supuestos verificados: Puigdemont cobra el doble que Rajoy, en las escuelas catalanas los libros de texto presentan a Cataluña y España como naciones confrontadas, el referendo fue ilegal, la declaración de independencia también. Ejemplos de supuestos no verificados: la mayoría apoya el derecho a decidir, la mayoría silenciosa no lo apoya, la mayoría del pueblo quiere votar. Ante la falta de conocimiento empírico, muchos se arrogan la representación de la mayoría. Popper advierte de que la mayoría también puede estar equivocada. Popper es una autoridad en cuanto al conocimiento científico, mediante el cual diagnostica problemas, desmonta teorías inconsistentes y doctrinas falsas.
Los citados ejemplos no verificados son, no obstante, verificables. Otra cosa es que interese. Los que piden a Rajoy que aplique el 155, suspenda la autonomía catalana y convoque elecciones allí, lo hacen por oportunismo y porque tienen expectativas de crecimiento electoral. Unas elecciones autonómicas aportarían conocimiento sobre el peso del independentismo y del españolismo, así como una mejor ponderación de la mayoría silenciosa. Habría garantía de más conocimiento sobre la realidad política, pero no garantía de cambios políticos sustanciales; incluso los promotores podrían llevarse la sorpresa de un aumento del poder de la coalición soberanista. En cualquier caso, se trataría de una solución legal, aunque dura.
Hay otra solución legal de mayor dimensión y dureza: aplicar los artículos 155 y 92. Todos coincidimos en que nos hallamos ante un problema que requiere una decisión política de especial trascendencia. Casi todos nos creemos con derecho a participar de tal decisión. El artículo 92 establece que una decisión política de especial trascendencia podría ser sometida a referendo consultivo de todos los ciudadanos españoles. Que fuese consultivo, y no vinculante, tendría diferentes consecuencias políticas, pero permitiría verificar varios de los supuestos apuntados. Que la consulta fuese realizada a escala nacional no impediría desglosar los resultados en Cataluña. Los datos aportarían conclusiones sociológicas sobre la catalanofobia y conclusiones políticas sobre el modelo territorial. El referendo habría de ser convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso.
En términos de conocimiento científico, la situación se clarificaría; en términos políticos, quizás también. Sin embargo, los entusiastas defensores de la legalidad vigente echarían mano del artículo 2, el de la patria común e indivisible, para impedir que se celebrase ese referendo legal y científico.
La política ficción es a la política lo que la ciencia ficción es a la ciencia. Puigdemont y Rajoy deberían pasar de la ficción a la política, aplicándose la máxima de Popper de que, estando uno equivocado y otro teniendo la razón, con algo de esfuerzo, ambos podrían acercarse a la verdad.