Del mismo modo que las personas tenemos derecho a reaccionar frente a cualquier agresión injustificada e ilegal, las democracias no solo pueden sino que deben defenderse, defendiéndonos a todos de aquellos ataques con los que la calle, las instituciones o ambas a la vez intentan destruir la paz social, la soberanía nacional o la integridad territorial. Es lo que se llama derecho de excepción: aquel que, con todas las garantías democráticas, ponen en marcha los Estados de derecho cuando ya no queda otro remedio.
A partir de lo previsto en el artículo hoy más conocido de la Constitución, el Consejo de Ministros propuso ayer al Senado las medidas destinadas a asegurar que en Cataluña se cumplan las leyes y se protejan los intereses generales: en esencia, destituir al Gobierno de la Generalitat y suspender parcialmente las facultades que el Parlamento catalán podría utilizar para evitar que se restaure la legalidad. El Gobierno aplica escrupulosamente la Constitución y cuando el viernes próximo se apruebe en el Senado la intervención provisional de los poderes y competencias de la Generalitat se hará con el control político de la Cámara Alta de nuestro parlamento, respetando allí los derechos de las minorías y por una mayoría parlamentaria y social abrumadora.
Frente a esa actuación, democráticamente impecable, la formidable chapuza de la Generalitat -origen de una auténtica catástrofe económica, una inseguridad jurídica brutal y una trágica ruptura de la convivencia ciudadana-, ha violado flagrantemente la Constitución y las sentencias de quien debe interpretarla (el TCE), pateado los derechos de las minorías, impulsado la independencia con una mayoría mucho menor de la exigida para reformar el Estatuto, clausurado el Parlamento y convertido, de facto, a Puigdemont en el nuevo Luis XIV del independentismo: «L’Estat sóc jo».
Se produce así una doble paradoja, que es indispensable subrayar para hacer frente a los demagogos que desde ya airearán su ignorancia sin el más mínimo pudor. Primera: que la intervención de la autonomía por el Estado es el único medio que queda ya para restaurar, antes o después, el sistema autonómico catalán que han derogado Junts pel Sí y ERC desde que viven con la soga de la CUP atada al cuello. Segunda: que, frente a un independentismo al que se le llena la boca con la palabra democracia, solo quienes aplican el derecho de excepción están actuando ahora con el más escrupuloso respeto no sólo a la Constitución y a la ley, sino también a los principios democráticos, que exigen asegurar siempre los derechos de las minorías y mantener activado el control parlamentario.
Por tanto, no se dejen engañar: la intervención de la Generalitat es hoy la única forma que queda ya para proteger en Cataluña la democracia, la autonomía y la concordia con las que ha pretendido terminar Carles XIV.