Anteayer asistimos a una nueva movilización masiva del independentismo. Reivindicó la libertad de sus presos, a quienes considera víctimas de un conflicto político y no muñidores o ejecutores de un grave delito.
Sobre esto (la liberación de los presos o su no encarcelación) se ha abierto un debate que afecta incluso a los constitucionalistas y que pone de manifiesto que para un sector importante, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, deberían modular sus decisiones y, sobre todo, no meter ahora, en pleno período electoral, a ningún político catalán entre rejas. ¿Y por qué hay que liberar a un preso que ha sido encarcelado por las graves acusaciones e indicios que pesan sobre él? La razón no es otra que la supuesta conveniencia social, oportuna para enfriar este conflicto que amenaza la unidad de España. Se cree que si Junqueras y compañía estuvieran en sus casas y si Puigdemont volviese en plena libertad, los ánimos estarían teóricamente menos caldeados. El debate político podría ser más sosegado, teóricamente, y la imagen de España, también en la teoría, saldría ganando.
La conveniencia no deja de ser una cuestión opinable. Hay quien piensa que los autos judiciales que han enviado a prisión a los políticos independentistas han servido y servirán para desactivar el proceso y la huida hacia adelante hace tiempo emprendida. Pero aún en el caso de que hubiera cierta unanimidad alrededor de los beneficios para la sociedad catalana y española de la liberación de los presos, ¿debe ser este el criterio de un juez? ¿Ha de ser un concepto tan incierto como la conveniencia social el que dicte autos y sentencias?
El asunto sugiere más preguntas. ¿Sería justo? No sería la primera vez que un magistrado decide influenciado y sensibilizado por el contexto social, pero seguro que es más difícil encontrar actuaciones judiciales en las que se privilegia a un acusado de delitos graves por mor de un bien mayor. Bendecir tal cosa sería como aplaudir que el fin (la paz social) justifica los medios (la excarcelación de culpables o acusados). !Qué paradoja!, toda la vida lamentando las intromisiones políticas en el poder judicial y ahora se le pide a los jueces que actúen como políticos. No parece ético, pero desde luego no sería justo primar a los delincuentes (siempre que lo sean), ni a los acusados (si las acusaciones son sólidas) por su condición de políticos y candidatos y porque cuentan con un gran respaldo social.
¡Cuánto daño está haciendo la insurrección independentista en este país! No se libra ninguna institución. Si ahora le decimos a los jueces que por encima de las leyes y su independencia está la presunta conveniencia social, ¿qué será lo siguiente? ¿Dónde ponemos el límite?
La cuestión no es lo que conviene o no conviene, sino lo que es justo y lo que no, entendiendo que para que un juez lo sea ha de decidir con absoluta independencia. Y si lo que resuelve no nos gusta, o nos aguantamos, o nos aguantamos. La Justicia no puede actuar a conveniencia.