Al parecer no es serio pedir que las pensiones no pierdan poder adquisitivo: no se dispone de los cerca de dos mil millones anuales que costaría el evitarlo. Porque hoy las cotizaciones que se ingresan cada mes en la Seguridad Social, sobre las nóminas de los trabajadores, están por debajo de los pagos que hay que hacer cada mes a los pensionistas.
De manera que, se dice, la única solución es que haya más empleo para llegar a poder plantearse el asunto. No es cierto. Porque podría haber unos ingresos suplementarios por casi ocho mil millones anuales (cuatro veces lo necesario para compensar el IPC a los pensionistas) haciendo que coticen todos los salarios, que no exista un tope o base máxima de cotización.
En la actualidad se estima que ocho de cada cien cotizantes tienen exentos de cotizar buena parte de sus ingresos salariales por la existencia de dichos topes. Topes que provocan que las cotizaciones a la Seguridad Social sean regresivas: pagan porcentualmente mucho más de su salario o ingresos los que están por debajo del tope máximo que los que se sitúan por encima.
Se trata de técnicos, gestores o directivos cualificados con salarios muy altos en grandes empresas de sectores como las finanzas, energía o telecomunicaciones; empresas que, además, generan cada vez menos empleo por millón facturado.
La combinación de aquellos topes de cotización con una reducida mano de obra permite a esas empresas ser gorronas del sistema de financiación de nuestra Seguridad Social, y a esos empleados serlo respecto al noventa por ciento restante de trabajadores costaleros que cotizan por todo su salario.
Es así como la existencia de topes máximos para el salario que cotiza cada mes penaliza por partida doble: a las actividades y empresas que emplean más trabajadores, y a los trabajadores que tienen menores salarios medios.
Hacer desaparecer dichos topes permitiría ingresar ocho mil millones; muy necesarios para revalorizar las pensiones y mejorar las pensiones más bajas. Y hacerlo con el empleo actual. Corrigiendo la actual regresividad (de una minoría de trabajadores) y el gorroneo (de una minoría de grandes empresas).
¿Debería elevarse al mismo tiempo el importe de la pensión máxima? En un sistema público de reparto como el nuestro (aquí no se guardan las cotizaciones mensuales de nadie) creo que no procede. Porque nuestro sistema no solo debe blindar un pacto intergeneracional (yo pagué a otros pensionistas, otros pagarán las mías) sino intrageneracional.
Favoreciendo la igualdad ante la necesidad, equilibrando las desigualdades en cuanto a capacidad de pago. Porque muchas desigualdades no derivan de méritos de los más enérgicos y exitosos frente a los ociosos y fracasados. Es por eso que unos deben cobrar una pensión pública mínima mayor que la que justifica con su vida laboral, y otros deben cobrar una pensión máxima inferior a la que se derivaría de su vida laboral. Eso sí: cotizar por todos los ingresos.