Este país no alcanzará la normalidad mientras cada actuación judicial sea objeto de confrontación política. Y últimamente lo están siendo la mayoría, sobre todo aquellas que afectan a delitos cometidos en Cataluña o tienen algo que ver con los partidos en cualquier otro lugar de España. Ya sabemos cómo se hace proselitismo a base de acusar a algunos jueces de ser más condescendientes con el PSOE que con el PP; cómo se atribuyen demasiadas sentencias al color político de los miembros de un tribunal; cómo el independentismo aprovecha la estricta aplicación de la ley para presentar al pueblo catalán como oprimido por una ley injusta…
Ayer se repitió esa ceremonia con la orden de detención de dos cabecillas de los llamados Comités de Defensa de la República, cuyas siglas, CDR, han alcanzado ya una gran notoriedad y se han convertido en motores de agitación. La Audiencia Nacional ha ordenado esas detenciones por delito de rebelión y terrorismo. Una persona que aspira a ser presidente del Gobierno, Pablo Iglesias, limitó el delito de terrorismo al tiro en la nuca, la bomba y el asesinato de personas. Otros dirigentes de izquierda consideran que con estas actuaciones se banaliza el terrorismo y entienden que no hay proporcionalidad. Y, naturalmente, los partidos soberanistas pusieron el grito en el cielo. Lo que más me impresionó es su argumentación: acusar de terrorismo y detener por ese delito a miembros de los CDR es tensionar y crispar a la sociedad.
Supongo que ustedes lo han leído u oído igual que yo y no me digan que no es fantástico: lo que según esos representantes crispa a la sociedad no es lo que hacen esos grupos, sino que se les aplique la ley. Y lo que hasta ahora hicieron esos grupos ha sido cortar decenas de carreteras, abrir los peajes de las autopistas, amenazar directamente al juez Llarena y a su familia, amedrentar a los padres de Albert Rivera y a otros políticos y líderes sociales o boicotear la presencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces. Además, se conoció un audio en el que una voz llama a parar el puerto de Barcelona, que «sería brutal» o parar Mercabarna y así «jodemos a todos», expresión textual.
¿Es eso terrorismo? No tengo capacitación jurídica para pronunciarme, aunque creo que no hace falta un muerto para que lo sea. Desde luego, no es una protesta pacífica ni se puede comparar con el ejercicio de un derecho social, como pretenden los portavoces de Podemos. No tiene nada que ver, por ejemplo, con las grandes manifestaciones independentistas y se parece mucho a la guerrilla urbana, es decir, a la kale borroka. En todo caso, es violencia y no creo que ante la violencia nadie pueda defender la impunidad.