Que no hayamos tenido que lamentar ni un solo muerto entre las 377 personas que se desplomaron el domingo por la noche con el paseo marítimo de Vigo es un auténtico milagro. Tanto, que quizás habría que rebautizar el Festival O Marisquiño. Lo suyo sería pasar a denominarlo como el que se celebra en tierras del norte lucense: Resurrection Fest. Porque el concierto rapero que provocó un cráter de 50 metros de largo en el puerto vigués ha sido, sin duda, lo más heavy del verano. El hecho de que hoy no acudamos a llorar en los entierros ante los féretros de decenas de jóvenes, afortunadamente, no debe rebajar ni un ápice la gravedad de lo ocurrido ni la exigencia de responsabilidades a quienes han propiciado semejante despropósito.
Apelar a una especie de fatalidad para explicar el siniestro no solo es lo más fácil ahora. También es una forma de tomarle el pelo al respetable. Que si la obra se remonta a los años 90, en la época de no sé quién; que si no había ocurrido nunca, y ya van muchas ediciones; que si lo importante es que no se mató nadie y que se intervino rápidamente... No, señores. ¡No! Alguien decidió ceder ese espacio para un concierto y alguien decidió que era un lugar adecuado para juntar a miles de espectadores. Y, entre unos y otros, alguien ignoraba (grave falta, aunque solo sea por omisión) que el paseo de madera se sustentaba sobre una estructura podrida que acabaría cediendo y viniéndose abajo.
El siniestro de O Marisquiño no puede pasar sin más. Estaríamos haciéndonos un flaco favor como sociedad. Lo suyo es que se aclare quién o quiénes han fallado, y que asuman sus responsabilidades. Sería la manera de empezar a evitar que estas calamidades se repitan en el futuro. Es decir, es importante apuntar a los culpables (¿técnicos? ¿políticos? ¿ambos?), no tanto por el coste que esté teniendo para la imagen de la ciudad como por lo trascendente que resulta no tener que encomendarse a nuevas y milagrosas resurrecciones.
Cuando miles y miles de chavales acuden a un festival a divertirse deben hacerlo con plenas garantías. Su seguridad y la de sus familias tiene que ser la prioridad absoluta, no que ese festival se haga cada año más y más grande. Máxime si hay varias administraciones implicadas que subvencionan el evento con no poco dinero.
Si nadie entona el mea culpa y todos miran para otro lado, que es lo que ha empezado a ocurrir, es tiempo de que actúe la Justicia. A lo mejor descubre una cadena de irresponsabilidades.