Aunque los llamados pactos con el diablo forman parte de una larga tradición en la cultura de raíz judeocristiana, la expresión tiene también un asentado sentido coloquial: el referido a los acuerdos que privan a sus víctimas de autonomía para actuar con responsabilidad y coherencia.
La insana obsesión de Pedro Sánchez por llegar a presidente convivió en él tras el 2015, con la firme convicción de que no iba a lograrlo en elecciones. Derivada de dos derrotas electorales clamorosas, los resultados de todas las encuestas y la bajísima valoración de Sánchez, incluso entre los electores del PSOE, aquella convicción le llevó, tras renacer, a cerrar un pacto con el diablo que perseguía dos claros objetivos: ser presidente hasta el 2020 (resolviendo así, de paso, para siempre, su futuro personal) y valerse del poder para tratar de continuar después en él.
Dando la razón a los que, para evitar que culminase una componenda tan delirante, habían defenestrado a Sánchez, el acuerdo para su investidura con Podemos y los golpistas catalanes ha acabado como era previsible: en un chantaje permanente, que obliga al Gobierno a hacer cosas increíbles y a no hacer las que cabría esperar de un Ejecutivo que sea algo más que una marioneta de sus socios.
Entre las primeras, debe destacarse el proceso de renovación del consejo de administración de RTVE, que, por escandaloso, abochornó incluso a muchos diputados y dirigentes del PSOE. Un proceso que demostró hasta qué punto sus socios tenían cogido a Sánchez por el cuello: el colofón de su sonoro fracaso fue el nombramiento de un administrador único de RTVE y el inicio, tras ello, de una purga política entre sus profesionales, que ha aclarado lo que entienden Sánchez y sus aliados por regenerar la democracia. Entre las increíbles complicidades pasivas de un Gobierno constreñido por el chantaje de sus socios independentistas se encuentran todas las relacionadas con la deriva secesionista en Cataluña: desde restarle importancia a la llamada de Torra a atacar al Estado, hasta la increíble falta de respuesta a los desplantes al jefe del Estado, pasando por la insólita posición del Ejecutivo frente a la demanda que ante la justicia belga ha interpuesto contra el juez Llarena el fugado Puigdemont. Esa posición, sin duda condicionada por los compromisos ocultos con los rebeldes, ha dado lugar a que la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales existente en España hayan emitido un durísimo comunicado denunciando algo que no tiene precedentes. Lo que califican de una «clara dejación de funciones por parte del Gobierno de España»: una dejación de la propia defensa del Estado, de la potestad jurisdiccional de sus tribunales y, en suma, de su soberanía.
Sánchez ha llegado a presidente a un precio que a él seguro no le importa. ¿No le importa al PSOE? Esa es la pregunta, terrible, que desde hace cien días nos hacemos millones de españoles.