Vivimos en un país presuntamente moderno y avanzado, en una economía de mercado que supuestamente ha dejado atrás los tiempos aquellos en que papá Estado marcaba el paso que debían seguir los ciudadanos, cuando hasta Renfe y Endesa eran empresas públicas. Hemos dejado de oler a naftalina, pero siguen entre nosotros vestigios de un pasado reciente de los que no parece fácil desprenderse. El sistema eléctrico es un híbrido entre la modernidad del libre mercado y la intervención estatal. Y por eso es un desastre. Por eso, la factura que cada mes llega a 26 millones de hogares españoles no tiene ni pies ni cabeza. Sin entrar en profundidades técnicas, basta con recordar que cada vez que un consumidor paga sus, por ejemplo, 70 euros en el recibo eléctrico, en realidad está sufragando casi cualquier cosa menos la luz, gracias a la intervención gubernamental. El coste de la energía que consumió ese mes supone en realidad 21 de esos 70 euros. Pues sí, así es tanto para los clientes que anden, sabiéndolo o no, por el mercado libre, como los más conservadores del regulado. Los otros 49 se los queda el Gobierno de turno para costear sus medidas de políticas energéticas. En la factura pagamos religiosamente y a plazos las primas que durante años se concedieron a las empresas para incentivar la instalación de plantas renovables, un esfuerzo loable que dio sus buenos frutos. También sufragamos en él el dinero que el Estado le paga a Red Eléctrica por gestionar la red de transporte de energía; y a las distribuidoras de electricidad por hacer su trabajo. La factura costea, además, los llamados sistemas extrapeninsulares, o sea, somos solidarios con los isleños de Baleares y Canarias para que no se arruinen por disponer de luz eléctrica en sus casas.
Y todo es así porque lo decidieron los Gobiernos de turno, uno tras otro.
La escalada de precios de la electricidad que ahora trae de cabeza a este país afecta solamente a ese tercio del recibo con el que pagamos el coste de la energía de verdad. Es este el que está influido por lo que ocurra en el mercado mayorista, ese que se está poniendo por las nubes, en el que ya no interviene el Gobierno. Pero sí las eléctricas, con unas reglas de juego impuestas que permiten hacer trampas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aún no lo ha podido probar bien, pero ha constatado varios episodios para provocar un alza de los precios.
Estamos perdidos.