Hace unos días tuve el honor de defender en nombre de mi partido una propuesta que vela por la igualdad y la libertad de todos los españoles. Porque de eso iba la cosa: de la libertad para poder competir en igualdad de condiciones por cualquier trabajo en la Administración pública. Del derecho de los españoles a tener a los mejores a su servicio desde un puesto público. Pretendíamos cambiar el requisito lingüístico, que actúa ahora como una barrera en las plazas administrativas, y modificarlo por un mérito que valore el conocimiento de las lenguas cooficiales a partir de un baremo que calibre su importancia en función del empleo. No es lo mismo un trabajo de atención al cliente que el de un cirujano.
En el momento de subir al atril sospechaba lo que me dirían los nacionalistas y los populistas. Sabía que el PSOE también podría votar en contra de nuestra propuesta, aunque esperaba que aceptaran su tramitación para negociar un texto en el futuro.
Pero los nacionalistas, los populistas y el PSOE del doctor Sánchez superaron mis expectativas. Me llamaron enfermo, franquista, lanzador de bulos, mentiroso, hooligan, racista, sectario... Todo por pedir que los españoles puedan trabajar en cualquier lugar de España. Por luchar para que los ciudadanos tuvieran la mejor atención posible.
Es un hecho que en determinadas zonas, el español está desapareciendo de ámbitos administrativos y educativos. En muchos lugares de España donde hay dos lenguas cooficiales es casi imposible que las administraciones se comuniquen con los ciudadanos indistintamente en cualquiera de ellas. Esta semana se publicaba cómo en más de doscientos colegios de mi Comunidad Valenciana no se daba una sola hora en castellano. ¡Qué les voy a contar de Cataluña!
En Ibiza quedan plazas por cubrir en la sanidad pública por el requisito lingüístico: hay gente que pierde su plaza aun hablando ibicenco o mallorquín, porque no es capaz de aprobar el nivel de catalán normalizado (qué palabra más fea).
En Mallorca ocurre lo mismo.
En Cataluña el requisito lingüístico se exige en toda la Administración pública. En mi Comunidad Valenciana, los nacionalistas de Compromís pretenden que suceda lo mismo. Lo cierto es que hoy una persona de Albacete no puede optar a un empleo público en lugares como Galicia, Navarra, País Vasco, Baleares o la Comunidad Valenciana, de la misma forma que un navarro tiene muy difícil trabajar en Ibiza o un valenciano hacerlo en Euskadi.
¿Es esto justo? Nos parece que no, habiendo una lengua común que todos los españoles tenemos la obligación de conocer.
Si uno pregunta a un ciudadano de Euskadi, de Valencia o de Galicia si prefiere ser atendido por un cirujano que maneje bien la lengua o el bisturí, estoy seguro de que todos responderíamos lo mismo. ¿De verdad una señora de Lugo a la que van a operar a corazón abierto le preocupa mucho el nivel de gallego que maneje su médico? ¿Creen que el padre menorquín cuyo hijo puede tener una lesión cerebral estará muy contento al saber que la única neuropediatra de la isla se ha tenido que marchar por no saber catalán?
La propuesta de Ciudadanos pretende poner coto a todo esto. Frente a una imposición que genera rechazo, que causa desigualdades y que impide que los mejores vengan a nuestra tierra, preferimos que todos los profesionales tengan la posibilidad de moverse libremente por España. Y luego, si deciden optar por una plaza pública en un lugar donde coexistan dos lenguas, darles todas las facilidades para que aprendan la que no conocen.
A los pocos minutos de presentar esta propuesta, tras la bilis de los diputados nacionalistas, los de Podemos y los socialistas, comenzó una campaña en redes entre insultos y amenazas.
Como si yo dijera que en Galicia no se hablaba el castellano. Como si no me conociera aquella tierra -la de Valle Inclán, la de Rosalía- de cabo a rabo. Debe de haber pocos escenarios allí a los que no me he subido. La primera vez que lo hice fue en Vigo hace treinta años. Y siempre en castellano, por cierto. Como si no hubiera pisado las calles y hablado con tanta gente de la que fue la tierra que acogió a mi hija Carlota. Como si no me hubiera recorrido sus playas empeñado en el ridículo intento de surfear una ola a mis cincuenta y tantos...
¿Se habla español en Galicia? Por supuesto ¿Está en peligro? Pues no lo está en la calle, donde se escucha por todas partes, ni en las familias, ni entre los amigos. En mis visitas a Galicia siempre me ha admirado como mezclan los dos idiomas en una conversación con toda naturalidad. O como, hablando en castellano, usan palabras en gallego por no encontrar un equivalente con su sonoridad o su fuerza. Eso, supongo, es el bilingüismo. Pero prueben ustedes a iniciar una sencilla gestión administrativa sin emplear el gallego. Vean la oferta cultural promovida por la Xunta, donde el español ni está ni se le espera, los concursos de ayudas públicas de las consellerías, las convocatorias de ayuntamientos, la publicidad institucional, las intervenciones de los representantes de los partidos en el Parlamento, y entenderán lo que digo cuando aseguro que el español no está presente en la Administración gallega. Por cierto, hay un detalle del que no hablaron los nacionalistas gallegos. Ni la marca Marea. Ni el PSOE. Puede que intentaran disimularlo a base de su campaña contra nuestra propuesta o tirando de victimismo...
Pero lo cierto es que el otro día, en el Congreso, todos esos diputados votaron en contra de que ustedes, ciudadanos gallegos, puedan trabajar en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y -muy pronto- en Aragón y en Asturias. ¿Qué les parece?