Moverse en la delgada línea que separa la defensa y promoción de los derechos de colectivos desfavorecidos y una especie de esnobismo pueril puede acabar por colocarte más allá de lo razonable. Incluso de lo admisible. Le ha vuelto a pasar a una concejalía del grupo de gobierno de A Coruña con el concurso público en el que se puntuaba no ser heterosexual. La concejalía de Rocío Fraga (Marea Atlántica) pretendía favorecer una suerte de discriminación positiva para favorecer la visibilidad y las oportunidades laborales de gays, lesbianas o transexuales, pero la buena voluntad a la que apelaban los propios denunciantes se da de bruces con el quebrantamiento de un derecho fundamental e íntimo, como es obligar a alguien a realizar una declaración jurada sobre su condición sexual. Lo hacen todavía algunas democracias defectuosas que medio siglo después de los procesos de descolonización aun obligan a los ciudadanos a marcar la casilla de origen étnico para obtener un carné de identidad, acceder a una vivienda pública o aspirar a un puesto de trabajo.
No bastan los buenos propósitos, y ni siquiera es suficiente cambiar el nombre de las cosas (o de las concejalías: rexeneración urbana, innovación democrática, xustiza social...) para que la semántica por sí sola sea capaz de cambiar la realidad.
Es plausible la intención de la concejala Rocío Fraga de tratar de eliminar de raíz los obstáculos que todavía estigmatizan en algunos ámbitos de la sociedad a grupos como los no heterosexuales. Ni es nuevo ni es fácil, como bien saben veteranos activistas que llevan décadas haciéndolo, incluso cuando dar la cara conllevaba humillaciones y desprecios, pero también cárcel y tortura. Y precisamente porque las cosas han cambiado tanto no se puede pedir a nadie que haga una declaración jurada sobre su condición sexual.
