La consumación del cambio en Andalucía es uno de los acontecimientos más trascendentes en los 40 años de democracia. Para quienes no vivimos en esa comunidad, resulta difícil entender que un hecho tan democráticamente cotidiano marque un antes y un después en la vida de 8,5 millones de andaluces, sea cual sea su opción política. Pero imaginen que, tras ganar las elecciones de 1979, UCD hubiera gobernando ininterrumpidamente durante 40 años. Obviamente, España sería hoy un país muy distinto al que conocemos. Y su calidad democrática, mucho peor.
Generaciones enteras de andaluces han crecido, estudiado vivido y trabajado sin conocer más gobierno que el del PSOE. Tan absurdo sería no admitir que los socialistas han hecho contribuciones positivas al progreso de Andalucía como negar que 36 años en el poder y al mando del presupuesto crearon una red clientelar que mermó la ambición de progreso y la capacidad de crítica de la sociedad civil y generó focos de corrupción de los que el caso de los ERE es la punta del iceberg.
Pero Juan Manuel Moreno se equivocaría gravemente si creyera que el mero cambio basta para justificar su continuidad al frente de Gobierno por pura inercia. Andalucía necesita una urgente regeneración y amplias reformas que erradiquen el despilfarro que ha supuesto la creación de una administración paralela llena de duplicidades y muy lesiva para el interés de los andaluces. Para lograrlo, Moreno, que gobernará en minoría con Ciudadanos, no debe abordar ese proceso desde el revanchismo, sino mediante un amplio diálogo social que es lo que hasta ahora no ha existido.
Es cierto que la dependencia del nuevo Gobierno de los 12 votos de un partido de extrema derecha como Vox dificulta esa tarea. Pero, a día de hoy, el PP no se ha comprometido con la formación de Abascal a nada que suponga una involución en los avances sociales ni en la protección de la mujer. Existe sin embargo en la izquierda un claro intento de embarullarlo todo y de aprovechar el acuerdo de investidura con Vox para justificar la alianza de Pedro Sánchez con el golpismo catalán. Un argumento tan torticero como falaz. No hay nada ilegal en defender la independencia de Cataluña. Y tampoco en plantear el fin del Estado autonómico, como sostiene Vox. La propia Constitución establece las vías para ambas reformas. Por repudiables que sean las propuestas de Vox, tiene derecho a defenderlas, siempre que lo haga por las vías democráticas. Afortunadamente, ni tiene mayoría para alcanzarlas, ni el PP ni Ciudadanos se la van a dar. Pero nada tiene que ver ese caso con el de los independentistas catalanes que mantienen a Sánchez en el Gobierno, que han dado un golpe de Estado para imponer sus ideas por la fuerza, y con los que se negocian los Presupuestos en la cárcel, y no en el Parlamento.
En lugar de buscar excusas y coartadas, el PSOE debe asumir cuanto antes su derrota democrática en Andalucía, iniciar su propia regeneración, romper con el golpismo catalán y convocar ya elecciones generales.