El Consejo de Ministros aprobó, por fin, la normativa que habilita de forma real la implantación del autoconsumo fotovoltaico. La primera reflexión que no puedo evitar es lastimera: ¡Cuánto trabajo ha costado en España que impere el sentido común! Hace un montón de años que muchos llevamos peleando por la necesidad de que los ciudadanos sean el verdadero foco de interactuación de la energía, tanto para el consumo como para la generación. Y esa ola de realidad, que parecía nunca iba a llegar a la costa, ya baña nuestras playas.
Hace tan solo una semana, el Parlamento Europeo aprobaba una nueva directiva de mercado eléctrico que obliga a los Estados miembros a dar un nuevo sentido a la participación de los ciudadanos en la energía: por un lado, mediante la necesidad de asignar proyectos a comunidades energéticas de generación, y por otro, exigiendo profusamente la implementación del autoconsumo. Y este viernes, en España, esta realidad se ha consolidado mediante una norma que facilita la gestión administrativa de las pequeñas instalaciones domésticas de autoconsumo, tanto individuales como colectivas en comunidades de vecinos (donde vive el 65 % de las personas en nuestro país). Se eliminan estúpidas trabas y costes que dificultaban la autogeneración mediante energía solar y, por fin, se legisla sobre la posibilidad de que el que vierta la energía que le sobre pueda recibir una compensación.
Debido a la malintencionada intoxicación vivida durante estos años, en los que se ha demonizado el autoconsumo, solo quisiera plantear dos cuestiones: ¿se han preguntado ustedes alguna vez a quién beneficiaba que un ciudadano no pudiese producir energía en su casa para consumirla? ¿Habían pensado alguna vez que, como ha venido sucediendo en muchos lugares del rural gallego, si tenías un generador de gasoil para dar respaldo a tu granja, nadie te hacía pagar por ello, mientras que si lo hacías con el sol eras un proscrito? La oscuridad ha muerto, viva la luz.