Venezuela, el coste de no hacer nada

José M. García-Margallo y Marfil DIPUTADO EN EL CONGRESO EN LA ÚLTIMA LEGISLATURA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD NACIONAL Y EXMINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESPAÑA

OPINIÓN

12 may 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

En la cumbre mundial del 2005, los dirigentes de los países miembros de las Naciones Unidas asumieron la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos contra el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad. La responsabilidad de proteger se asienta en tres pilares: el primer responsable de garantizar la seguridad de sus ciudadanos es el Estado del que forman parte; los demás estados deben ayudar al país en cuestión a cumplir con esta responsabilidad; la comunidad internacional debe intervenir cuando un Estado no quiera o no pueda cumplir con su deber de proteger. La intervención armada es el último recurso, pero no debe desecharse cuando todos los demás hayan fracasado. Lo explicó muy bien Boutros-Ghali, el secretario general de las Naciones Unidas: «La acción internacional debe plantearse cuando los Estados se revelan indignos de su misión, cuando contravienen los principios fundamentales de la Carta y cuando en vez de ser protectores de las personas, se convierten en sus verdugos». 

Por desgracia, hoy día, la responsabilidad de proteger no pasa de ser un compromiso moral, un compromiso político, que no se ha plasmado en un principio legal obligatorio. Esta es la primera dificultad para que haya una intervención exterior en Venezuela. La segunda es que para que este principio se traduzca en acciones concretas debe pronunciarse el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un organismo en que los miembros permanentes tienen derecho de veto.

¿Qué pasa en Venezuela? Es obvio que en Venezuela las autoridades de facto -el régimen chavista- no protegen a sus ciudadanos, que son perseguidos, encarcelados o condenados a la inanición. Es obvio, también, que Rusia y China van a vetar cualquier acción de la comunidad internacional dirigida a acabar por la fuerza con estos abusos. Eso es claro. Pero hay un hecho que es inédito en Venezuela, que no se ha producido jamás: Maduro es un presidente ilegítimo y Juan Guaidó es el presidente de iure y, como tal, ha sido reconocido por más de 50 países de todo el mundo. ¿Qué ocurriría si fuese Guaidó y la Asamblea Nacional los que pidiesen una intervención armada extranjera? ¿Sería esta intervención legítima aunque no hubiese pasado por el filtro del Consejo de Seguridad? ¿Bastaría que fuese aprobada por la Asamblea General? ¿Sería suficiente el respaldo de la OEA o de otro organismo regional?

Pero una cosa es la ley y otra, la oportunidad política. Y lo más importante ahora es evitar que una intervención exterior armada se traduzca en un conflicto civil de incalculables consecuencias. Por eso, creo que no debe recurrirse al uso de la fuerza mientras haya una esperanza de resolver la cuestión por otros medios. Creo que el grupo de contacto internacional -formado por doce países europeos y latinoamericanos para buscar una salida pacífica- debe esforzarse en conseguir que chavistas y oposición se sienten en una mesa para abordar las cuestiones siguientes: un gobierno de transición nacional; la reforma de los poderes judiciales y electorales, hoy simples marionetas de Maduro, para garantizar su neutralidad; la convocatoria urgente de elecciones presidenciales y legislativas a celebrar bajo una misión de observación internacional que garantice la limpieza del proceso, y un plan de emergencia nacional para atajar la crisis humanitaria que hoy sufre el país.

España, el mejor embajador de América Latina en Bruselas y el interlocutor de la Unión Europea al otro lado del Atlántico, tiene que jugar aquí un papel importante. Si fracasara la operación elecciones sería el momento de estudiar otras alternativas, incluido el uso de la fuerza. «No hay ningún principio jurídico, ni siquiera la soberanía, que pueda invocarse para proteger a los autores de crímenes de lesa humanidad. La intervención armada debe seguir siendo el último recurso, pero es una opción que no debe desecharse» (Kofi Annan, secretario general de la ONU).

Lo que no es alternativa es mirar hacia otro lado cuando el pueblo venezolano se está desangrando por momentos.