O mucho me equivoco, o probablemente expresiones de este tipo puedan surgir en conversaciones que el común de los usuarios mantiene hoy en día ante las noticias que nos avanzan la fase final del segundo dividendo digital y la cesión de segmentos del espacio radioeléctrico a la tecnología 5G.
Y es que no tengo tan claro que el ciudadano esté al tanto de lo que realmente significan una y otra cuestión. Es probable que en cuanto a la tecnología 5G sepa que permitirá acceder a Internet desde dispositivos inalámbricos a una velocidad muchísimo más alta que la actual. En cuanto al segundo dividendo digital, me temo que ni eso.
Probablemente haya quien considere que tampoco es cuestión de que tenga que ponerse en marcha una campaña informativa que detalle todos los entresijos técnicos que el segundo dividendo digital trae consigo, y que basta con que el ciudadano sepa que toca resintonizar su televisor y en muy pocos casos plantearse un cambio de aparato allá por el 2023. Sin embargo, yo no soy de esa opinión e incluso me molestan consejos institucionales que recomiendan no dejar para el último momento la adaptación de equipos comunitarios para evitar colapsos como los que caracterizaron el primer dividendo. Una mayor fluidez en el proceso de adaptación requiere, a mi juicio, un proceso de comunicación más eficaz y con mayor impacto en el ciudadano.
A efectos prácticos se nos dice que este proceso es un mandato de la Unión Europea, pero que no habrá más que resintonizar algunas antenas o adaptar las infraestructuras de recepción comunitarias. Además, para paliar el desembolso que puede traer consigo podemos contar con un programa de subvenciones de 150 millones de euros. Simple, fácil y económico.
Pues a mí no me parece que la cosa sea tan simple. En primer lugar, porque este proceso de continuo movimiento de la TDT me hace pensar en una posible falta de previsión técnica sobre la evolución de la telefonía móvil.
En segundo lugar, porque las expresiones que destilan la simpleza del proceso parecen olvidar que la mayor parte de la población española vive en edificios, no en viviendas unifamiliares, y que por tanto habrán de asumir de nuevo el coste de una nueva reprogramación o de una nueva instalación de equipos.
En tercer lugar, no voy a negar que 150 millones de euros es una cantidad significativa, pero que solo permitirá aliviar la carga económica de una parte de las comunidades de propietarios de este país (entidades que nadie parece recordar que tienen la condición de consumidores), que ya debieron pasar por otro desembolso hace pocos años, si bien en esta ocasión con la tranquilidad de que al menos en 10 años las cosas no cambiarán. Tampoco puedo ignorar en este punto el discurso de quienes, bajo el lema ‘quien quiera televisión que la pague’, no comparten que con el dinero de todas y todos se sufraguen los gastos de acceso a una oferta televisiva de cuya calidad y contenidos hoy no voy a hablar.