Ante el formidable bombazo político que ha supuesto la sentencia de los ERE, la dirección socialista intenta con tres líneas de defensa que no les alcance la basura que emerge de tan devastador pronunciamiento judicial.
El silencio ha sido la primera trinchera, como si la cosa no fuese con el Gobierno correligionario de los condenados por el caso más grave de corrupción vivido en democracia. El sepulcral mutismo de Sánchez resulta, sin embargo, inadmisible, porque tres de sus ministros están políticamente tocados por la sentencia judicial: la vicepresidenta Calvo fue consejera de Chaves entre 1996 y el 2004; Montero, ministra de Hacienda, lo fue con Chaves y con Griñán, entre el 2004 y el 2013; y Planas, ministro de Agricultura, ocupó también una consejería, en dos períodos (1994-1996 y 2012-2013), con los presidentes de la Junta condenados.
Para la segunda línea de defensa del Gobierno en funciones, la sentencia solo afecta al PSOE andaluz, algo inconcebible a la vista del currículo de Chaves (presidente del PSOE, diputado en Cortes, dos veces vicepresidente y tres ministro del Gobierno) y Griñán (presidente del PSOE, dos veces ministro del Gobierno y diputado y senador en Cortes).
Conscientes, sin embargo, de la debilidad de ambas trincheras, los socialistas han cavado otra para detener el avance de una verdad como una casa: que alguien debería responder políticamente por una condena tan extremadamente grave. Se trata, para decirlo por lo breve, de convertir a Chaves y a Griñán (con los condenados que se gastaban el dinero público en droga y prostitutas la cosa ya no es posible) en una personificación de Robin Hood, que saquearon, sí, las arcas públicas, pero sin quedarse con un euro.
El intento es hábil, pero inútil, por más que haya siempre gente sectaria dispuesta a aceptar caimán como animal de compañía. El hecho de que Chaves y Griñán no se hayan metido dinero en el bolsillo con una parte de los 680 millones de euros (¡más de 113.000 millones de las antiguas pesetas!) que malversó la Junta de Andalucía bajo su mandato, no hace mejores a sus dos expresidentes, pues el objetivo de la inmensa red clientelar creada por ambos dirigentes socialistas era comprar votos y voluntades con tan formidable cantidad de fondos públicos. No se trataba, como ahora quiere hacérsenos creer, con una cara dura impresionante, de favorecer con dinero malversado a los pobres andaluces, sino de comprarlos, para utilizarlos con el objetivo de que el PSOE (y, por tanto, Chaves y Griñán entre otros muchos) se mantuvieran en el poder.
De hecho, el caso de los ERE no resultaría tan indecente ni tan grave si diez o doce personas se hubieran metido pasta en los bolsillos. Primero, porque sería posible recuperar una parte del dinero malversado. Y segundo, porque esa gran operación de clientelismo político arroja una sombra de duda sobre la legitimidad de las casi cuatro décadas ininterrumpidas de dominio socialista en Andalucía.