El jefe del Estado comenzó ayer una nueva ronda de consultas con «los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria» por una razón bien fácil de explicar: porque así da el rey cumplimiento a lo previsto en el artículo 99 de nuestra ley fundamental. Nada más y nada menos que por eso.
Tales son las reglas del juego -por lo demás, similares a las de los restantes regímenes parlamentarios europeos-, razón por la cual el hecho de que cuatro de esos grupos (ERC, EH Bildu, la CUP y el BNG) hayan decidido -en algún caso, como el del BNG, contradiciendo flagrantemente su pasado- dar la espantada no solo supone desairar al titular de una de las instituciones del Estado constitucional, sino algo mucho más grave desde el punto de vista democrático: incumplir las obligaciones que han contraído al presentarse a los comicios, pasándose por el arco del triunfo uno de los trámites previstos en la Constitución para hacer efectiva la investidura del presidente del Gobierno.
ERC, EH Bildu, la CUP y el BNG tienen pleno derecho, por supuesto, a ser republicanos, pero ello debería resultar, desde luego, perfectamente compatible con respetar las previsiones de nuestra ley fundamental, que solo puede ser de todos los españoles si no lo es, en particular, de ninguno de los grupos políticos o sociales en que aquellos se organizan.
No es esa, sin embargo, la idea que de la Constitución tienen los cuatro partidos que han decidido no acudir al palacio de la Zarzuela a entrevistarse con el rey, partidos que, con una concepción constitucional decimonónica, solo están dispuestos a aceptar una ley fundamental que reúna todas y cada una de sus pretensiones, lo cual haría imposible que recogiese las de todos los demás. Así ocurrió en España, y en buena parte de los países de la Europa continental, durante el siglo XIX y en el primer tercio del XX: el ganador imponía su Constitución a los perdedores, lo que llevaba a estos a hacer lo mismo en cuanto las tornas se volvían.
La Constitución de 1978 fue la primera de todas las aprobadas en España desde la de 1812 que acabó con tal movimiento pendular, con ese constante tejer y destejer del que habló un día el novelista Juan Valera. Los partidos separatistas, junto con los de más radical extrema izquierda y los de la extrema derecha añorante del franquismo, fueron los únicos que no aceptaron ese gran pacto por la concordia nacional, que iba a abrir el más largo y el más fructífero período político de toda nuestra historia.
Y, cuarenta años después, siguen en sus trece: empeñados en que solo les vale su Constitución, que sería, obviamente, la de la inmensa minoría del país que representan sus 21 diputados sobre los 350 del Congreso. Ese es el significado profundo, y abiertamente sectario, de la negativa de ERC, EH Bildu, la CUP y el BNG a entrevistarse con un rey que lo es porque así lo dispone la Constitución de la inmensa mayoría.
