«Somos unos pardillos a los que nos quieren joder la vida». Así se explicó uno de los tres jugadores de la Arandina después de conocer la durísima sentencia que los condena a 38 años de cárcel, algo nunca visto en delitos de agresión sexual. Sería lícito preguntarse si esa vida ciertamente arruinada se la destrozó la Justicia o la destrozaron ellos mismos. Y hay división de criterios. Para la defensa de los condenados, no se demostró nada en el juicio, solo se contó con la versión de la víctima y a los jugadores se les aplica una pena como si hubieran matado a alguien. Y encima, la menor ofreció varias versiones, lo cual podría hacer sospechar de una denuncia falsa. Estaríamos, por tanto, ante una condena injusta.
Sin embargo, para la acusación popular, la fiscalía y el sentenciador, la denuncia de la menor es creíble sin ningún tipo de dudas. Y, respecto a las versiones, son precisamente las que dan credibilidad a su denuncia. Es doctrina judicialmente aceptada que quien miente cuenta siempre los mismos detalles. Quien se equivoca, o no está seguro en referencias menores -sobre todo en su estado de intimidación-, está diciendo la verdad. Ya sabemos todos que antes y después de los pleitos los abogados acusan y defienden de acuerdo con el interés de la parte que representan. Lo importante es lo que aprecia el tribunal o el juez.
Posición personal de este cronista: no existe delito sexual más repugnante que el cometido en grupo contra una mujer indefensa. Si, encima, esa mujer es una cría de 15 años de edad y los autores lo saben, estamos ante un agravante execrable. Que nadie espere de mí la menor tolerancia ni compasión. La expresión «que se pudran en la cárcel» será la que utilizaremos cuando el Tribunal Supremo confirme la sentencia de la Audiencia de Burgos. Y la confirmará, porque lo sentenciado ahora es la pura aplicación de la jurisprudencia del Alto Tribunal en el caso de La Manada de Pamplona.
Alguien comparó esta condena con la de José Bretón, que fue condenado a 40 años de cárcel por asesinar y quemar a sus dos hijos. Mucha gente se pregunta si sale más barato matar que violar, pero es una comparación demagógica que no procede. Lo que se hizo en Burgos ha sido castigar tres delitos: una agresión sexual (14 años) y dos cooperaciones necesarias (12 años cada una). Podrá ser excesiva pena, no lo sé, pero es la doctrina del Supremo. Seguramente hubo también una enorme presión ambiental, como en todos los juicios por delitos sexuales, pero es inevitable. Lo único relevante es que la sentencia se ajusta a derecho. Y lo secundario, pero importante, que termina con esa perniciosa corriente de opinión que habla de justicia machista y sugiere impunidad.
