Basta sumar y restar para constatar la precariedad que marcará el futuro del nuevo Gobierno socialista si el próximo martes sale elegido finalmente: sería suficiente con que un diputado, el del BNG, votase no en lugar de votar sí, como ha prometido, para que la abstención de Bildu y ERC, clave de la más apurada investidura desde 1977, no sirviera para nada: 166 votos a favor frente a 166 en contra del candidato Pedro Sánchez Castejón.
Pero, con ser ese un formidable desafío -que exigirá al Gobierno negociar ¡a 11 bandas! cada votación en el Congreso-, no reside ahí, sin embargo, el principal problema para que la actual legislatura acabe siendo poco más que una sucesión de apuros, desencuentros y chantajes. Y es que el futuro del Gobierno socialista, cuya investidura Sánchez ha comprado a precio altísimo en el mercado de la política española, depende sobre todo de un pacto que se caracteriza por no ser un pacto en realidad.
El que han cerrado el PSOE y ERC -fuerza que tiene literalmente en sus manos al Gobierno- presenta al menos tres enormes agujeros, por los que se escapa la sustancia en la que, según sus autores, se sostiene. El primero tiene que ver con un hecho evidente, confirmado de nuevo en el debate de investidura: lo que el PSOE y ERC dicen haber firmado se parece lo mismo que el tocino y la velocidad. Por eso Sánchez, incapaz hasta la fecha de explicar su contenido, no hizo ayer en el Congreso otra cosa que ampararse en sandeces (sobre todo esa de que hay que dejar atrás «la judicialización del conflicto», como si ello dependiera del Estado de derecho y no de quienes lo violan una y otra vez) y en vaguedades («la ley es la condición, el diálogo el camino», manifestación pasmosa al ir referida a quienes exigen dialogar como si las leyes no existieran).
El segundo agujero del pacto PSOE-ERC se refiere a esa consulta que, según los socialistas, no será de autodeterminación, pero que los republicanos consideran el camino para dar hacia aquella un salto de gigante. Una consulta que sería el fruto final de un acuerdo ¡en pie de igualdad! entre gobiernos y que dejaría, por tanto, fuera de la negociación a las instituciones representativas del Estado (lo que nunca ha sucedido en España hasta la fecha) y marginaría, en consecuencia, a todos los partidos de la oposición, tanto en el Congreso como en el Parlamento catalán. Si a tal engendro puede llamársele un acuerdo democrático es que sus firmantes ignoran por completo lo que es la democracia en un sistema constitucional.
Pero sucede -tercer inmenso agujero- que ni siquiera lo previsto en el pacto PSOE-ERC será posible en sus propios términos, pues no hay posible acuerdo entre gobiernos cuando uno de ellos, el de la Generalitat que preside Junts per Cat, ya ha aclarado que no quiere saber nada de esa componenda que es, al fin, un mero trampantojo para que Sánchez pueda ser presidente con un único programa de verdad: que ya saldrá el sol por Antequera.