El último Gobierno de Rajoy (4-11-2016) tenía 14 miembros: una vicepresidenta y ministra, y trece ministros. El actual Ejecutivo de Sánchez (13-01-2020) tiene 22: cuatro vicepresidentes y ministros, y 18 ministros más. Un aumento del 65 %, que, unido a la dispersión funcional que lleva implícita, solo puede ser interpretado como un editorial del BOE sobre la realidad del país. Su resumen -«Todo por la Moncloa»- podría servir de leyenda para un rediseño del escudo de España. Veamos por qué.
En la Ciencia de la Administración se considera evidente que la potestad de organización del Gobierno, que asiste al presidente, es una condición esencial de la eficiencia administrativa, por lo que no debe estar modulada por la Constitución, la ley, el Parlamento o el plácet del rey. Yo, sin embargo, llevo muchos años cuestionando este principio. Lo hice en el Parlamento de Galicia, en un serio debate con González Mariñas, y en las clases de Gestión Pública, cuando ya no me sentía obligado a repetir de forma acrítica las reglas escritas por otros.
Las razones de esta posición son -resumiendo lo que no se debe resumir- de seis tipos. Que alterar el número o nombre de los ministerios no añade nada, por sí mismo, a la eficiencia exigible a los distintos departamentos. Que tiene altísimos costes derivados de la adaptación de los modelos de gestión informática, las ubicaciones, las modificaciones de impresos, rotulaciones y similares. Que produce altos costes de adaptación y eficiencia para los particulares y las empresas. Que la experiencia demuestra que los cambios son siempre efímeros, ya que, incluso un mismo presidente, puede corregir su opción, repetidas veces, en una legislatura. Que el aumento de ministerios, si en alguna circunstancia aparece justificado, no es incompatible con la legalización del proceso y el pertinente control del Congreso. Y que, cuando el número de departamentos se dispara, el esfuerzo y el coste de la coordinación aumenta en proporción geométrica al número de competencias compartidas, por dos o más ministerios, que se generan.
A favor de enredar con los ministerios, y con el terremoto que cada cambio produce en la Administración del Estado, solo hay razones espurias, que están al servicio del aligeramiento de las tensiones de partido -para contentar rebeldes-, o del engrasamiento de complejas coaliciones, que crean unos departamentos para premiar fidelidades y apoyos, y que después los duplican para compensar y controlar el poder que han regalado, digámoslo con claridad, al enemigo. Todo lo cual se resume en la famosa idea de «sentar dos o más Gobiernos en un único Consejo».
Lo que acaba de hacer Sánchez es una demostración del pésimo y desmesurado uso que se puede hacer de la potestad de reorganización del Gobierno, y de las malas prácticas que lo provocaron, y que bien merecen anotarlo en el primer debe de un Gobierno que camina, inexorablemente, hacia un balance de pérdidas inasumibles. Porque nada van a hacer los 22, que 15 no pudiesen mejorar.