Dentro del respeto institucional que merece el Gobierno y la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, hay que manifestar la sorpresa y preocupación que ha producido su nombramiento, por la imagen que se acaba de transmitir a la sociedad española de politización de la Justicia y, sobre todo, del sometimiento de la actuación del fiscal a los intereses del Gobierno.
El ministerio fiscal está para velar por la legalidad y el respeto a la Constitución y a las leyes, y, en definitiva, para la defensa de los derechos y de las libertades públicas de las personas. Es una de las garantías de la democracia y de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho que es España.
Por eso ha causado una honda preocupación la imagen de politización de la Justicia, y de que el fiscal está bajo la dirección del Gobierno y defiende sus intereses.
Esto es justo lo que se acaba de transmitir a la opinión pública, al poner como máximo representante del ministerio fiscal a una persona que formaba parte del Gobierno.
Y más preocupa cuando hace apenas unos meses, y en plena campaña electoral, el presidente del Gobierno, entonces en funciones, hizo estas declaraciones sobre la Fiscalía, «¿la Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?», dando a entender que dependía del Gobierno.
En un momento tan delicado como el que estamos viviendo es necesario reforzar nuestras instituciones, y fortalecer de esta manera nuestra democracia.
Porque lo que se ha hecho con esta actuación es comprometer la credibilidad de esta institución, a la que me honro de pertenecer, y no parece lo más afortunado para mantener la confianza en la Fiscalía que se nombre fiscal general a una persona que, hasta instantes antes, era parte del Gobierno.
Por eso tenemos que reiterar, que el fiscal no está al servicio del Gobierno, ni depende de él.
Quiero hacer también un reconocimiento y mostrar mi admiración por la anterior fiscala general del Estado, María José Segarra, que en todo momento apoyó a los fiscales que llevaban la causa del juicio a los líderes del proceso independentista catalán.
Hay que dejar muy claro que la Fiscalía actúa de manera independiente al Ejecutivo, con sometimiento a la ley, por lo que en su actuación rige el principio de legalidad, sin estar en ningún momento bajo las órdenes de ningún político, aunque sea el presidente del Gobierno.
No puede ser de otra manera en un Estado Social y Democrático de Derecho, en el que hay que respetar siempre y en todo momento la independencia de la Justicia.