Ya estalló el primer conflicto entre los poderes ejecutivo y judicial, todo un aperitivo de los conflictos que viviremos esta legislatura. El vicepresidente Pablo Iglesias fue entrevistado en Antena 3 el mismo día del primer Consejo de Ministros y no supo contenerse. Acusó a los jueces españoles de recibir tantos golpes de la Justicia europea que han provocado un deterioro de la imagen de nuestro país y una humillación del Estado. Se refería al Tribunal Supremo, que es el único cuyas decisiones llegaron a los tribunales europeos. El Consejo del Poder Judicial reaccionó con una declaración que lamenta la utilización de la Justicia para fines políticos y el cuestionamiento de la independencia, imparcialidad y profesionalidad de nuestros jueces.
Iglesias tiene razón al señalar que hubo demasiadas respuestas negativas a sentencias o actuaciones del Supremo. Pero ignora que España es uno de los países que menos rechazos judiciales provocó en Europa. Olvida que uno de esos rechazos procede de un juzgado local de Alemania que equiparó el intento de romper el Estado con la ocupación de una pista de aeropuerto. Desconoce que hay una demanda de revisión de las euroórdenes, cuya eficacia y utilidad sí que son discutibles. Debiera tener presente que la Justicia belga rechazó la entrega a España de una terrorista de ETA, lo cual no creo que le parezca justo al señor Iglesias. Y lo más inquietante es que, con sus declaraciones, el vicepresidente se alinea con los fugados y los que violan las leyes de nuestro Estado. Lo hizo cuando se mostró partidario de un referendo de autodeterminación, algo que, como se sabe, está prohibido en nuestro ordenamiento legal.
Esto quizá sea lo más grave de las palabras del señor Iglesias. Recordemos cuando Pedro Sánchez rechazaba una coalición con Podemos porque no podía tener un vicepresidente que hablaba de presos políticos y defendía la autodeterminación. Pues ya tiene ese vicepresidente. ¿Ha cambiado de opinión el señor Sánchez? ¿Piensa en ese referendo cuando promete someter a consulta en Cataluña lo acordado en la mesa de negociación? ¿Preparan algún tipo de depuración judicial si no creen en la competencia de los jueces actuales? ¿Asistiremos a un asalto del Consejo del Poder Judicial cuando se proceda a su renovación? ¿Van por ahí los rumores publicados de cambiar el Tribunal Constitucional para que acepte el derecho de autodeterminación ahora que Boris Johnson se lo niega a Escocia? ¿Van por ahí los insólitos elogios a la nueva fiscala general? Son algunas de las dudas que suscita este cruce de reproches. El Gobierno quiere que no haya crispación, pero abre una crispación peor que la política: el enfrentamiento institucional.