La sexta parte de los trabajadores gallegos son empleados públicos. La sanidad, la educación, la justicia o la Administración general son algunos de los sectores en los que prestan servicio, pero hay voces que consideran que su número es excesivo.
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El dilema: dotar de personal o dejar de prestar servicios
188.700 personas son empleados públicos de Galicia según la Encuesta de Población Activa (EPA) del IV trimestre del 2019. En términos de población ocupada, el número de trabajadores públicos en Galicia ronda el 17,2 %, una cifra ligeramente superior a la media estatal, situada en el 16,3 %. Atendiendo a la información publicada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública se comprueba que la mayor parte de los empleados públicos en Galicia lo son de la Administración autonómica (58,2 %), representando la local y la estatal prácticamente el mismo porcentaje (18,2 %); el resto trabajan en las universidades públicas.
A la hora de preguntarnos si son necesarios más empleados públicos en Galicia es fundamental tener en cuenta nuestra estructura poblacional. Galicia tiene ante sí un importante reto demográfico, caracterizado por un aumento sin precedentes de la longevidad y un descenso continuado de la natalidad. Esto, unido a la alta dispersión de la población, exige de una mayor atención de servicios públicos, en especial sanidad y dependencia (que dependen de la Administración autonómica), para que se puedan garantizar unas prestaciones mínimas y dignas a toda la población. No es necesario retrotraerse mucho para traer a colación lo sucedido en Verín en relación con el paritorio. Y es que, aunque un servicio público no tenga suficiente demanda, debería mantenerse por cuestiones de seguridad o de atención mínima. La actividad pública debería ir más allá de la cuenta de resultados.
Por lo tanto, los responsables políticos no solo deben tener en cuenta las cifras económicas a la hora de dotar de personal a los servicios públicos, sino que también deben cuantificar los riesgos que supone dejar de prestarlos; especialmente cuando se trata de servicios muy sensibles. El mismo argumento se puede señalar para la prestación del resto de servicios sanitarios o de atención a la dependencia. En Galicia hemos de encontrar un equilibrio entre la viabilidad económica de las prestaciones públicas y la garantía de unos mínimos para toda la población, y esto se asegura, especialmente, con profesionales en los diferentes servicios.
Lo anterior debe tenerse en cuenta en el reparto de los fondos que hace el Estado a las comunidades autónomas, puesto que basarse solo en la población no es suficiente. La estructura demográfica, la baja natalidad, la dispersión poblacional e incluso las diferencias regionales de renta deberían tenerse muy en cuenta a la hora de dimensionar el número de empleados públicos. La cifra absoluta, e incluso las ratios, no permiten conocer la verdadera situación y orientarnos hacia el camino correcto. En este sentido, sería recomendable que los responsables públicos hicieran una proyección a corto y medio plazo de las necesidades de la población en Galicia y, en función de estas estimaciones y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar unos servicios públicos mínimos de calidad, que dimensionaran la plantilla de empleados públicos. Todo lo demás, basado en comparar ratios, no parece lo más adecuado.
Galicia: la situación es mejor que en el resto de España
La mayor parte de lo que se identifica como «males» de España, tiene que ver con la estructura económica del país. Cuestiones como la desigualdad, los bajos salarios, las diferencias entre territorios, la supervivencia del Estado del bienestar o la ruptura del «ascensor social» son en el fondo problemas derivados de un modelo económico basado en un tejido productivo híper-atomizado (el 99,5 % de las empresas son micro, pequeñas y medianas), con una utilización intensiva del factor trabajo frente al factor capital, una productividad total de los factores estancada o incluso bajando desde la década de los años 2000, y una dependencia excesiva del crédito internacional para financiar la inversión interna, la cual se ha reducido en los últimos años pero todavía queda un stock por pagar superior al 100 % del PIB.
Ante esta situación, cualquier observador independiente formularía la misma pregunta: ¿de qué viven los españoles o de dónde sale el dinero para mantener a 46 millones de personas? La pregunta no tiene una respuesta compleja, dado que España ha mostrado signos fundamentales de cambio estructural en los últimos años y sigue siendo una de las más importantes economías del mundo. Sin embargo, nos obliga a hacer una reflexión sobre cuáles pueden ser las causas de fondo. Y en muchas ocasiones solemos mirar al sector público como causa de estas disfunciones.
Que el sector público es grande (oscila entre el 40 % y el 45 % del PIB a lo largo del ciclo económico) y es consumidor de recursos es algo evidente. Pero una cosa es esto y otra muy distinta es qué balance se puede hacer entre lo que las administraciones públicas contribuyen a generar actividad económica y lo que consumen. Si bien este análisis puede hacerse a nivel nacional, es más correcto y cercano a la realidad hacer una aproximación al nivel regional. En el caso de Galicia, las nóminas públicas suponen el 17,22 % de la población empleada, un punto porcentual más que la media nacional.
Sin embargo, este dato por sí solo no dice nada. Partiendo de la base de que la población ocupada en el sector privado (82,78 % en Galicia) es en última instancia de donde sale el dinero para pagar sueldos públicos, pensiones y desempleo, una media razonable sería que la suma de estas tres nóminas no supere las nóminas privadas. Esta medida es la que, por ejemplo, utiliza la Seguridad Social para medir la sostenibilidad del sistema a través de la ratio entre afiliados y pensionistas. En el caso de Galicia, la suma de nóminas privadas (907.000) supera la suma de nóminas públicas (trabajadores públicos + parados + pensionistas ascienden a 674.500), o lo que es lo mismo, la ratio nómina privada sobre nóminas públicas es de 1,34 mientras que la media española es 1,21. Por tanto, está en una situación más sostenible que la del conjunto de España.
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