Conociendo la trayectoria del presidente del Gobierno cabe dentro de lo posible, e incluso de lo probable, que su verdadera pretensión tras constituirse la llamada mesa de negociación con el secesionismo catalán sea enredar las conversaciones con el objetivo de conseguir, tras la aprobación de los Presupuestos, aquello en lo que Sánchez ha demostrado ser un maestro consumado: engañar todo el tiempo a todo el mundo. Me temo que en este caso se trata, sin embargo, de una vana pretensión. Y es que ya en la primera reunión los separatistas han metido a Sánchez una formidable goleada (4 a 0).
El Gobierno reconoce que existe un conflicto político en Cataluña, denominación con la que los secesionistas defienden que sus reivindicaciones, lejos de expresar una enloquecida voluntad xenófoba, supremacista e insolidaria de llevarse por delante la unidad del Estado que garantiza una sociedad de ciudadanos libres e iguales, son, muy por el contrario, la directa consecuencia del permanente maltrato que España ha infligido a Cataluña. Un burdo embuste y un delirio que el Gobierno da por buenos, lo que supone convertir a la España constitucional en la culpable de lo que es exclusiva responsabilidad de los nacionalistas: 1 a 0.
El Gobierno ha aceptado que la supuesta negociación entre el Gobierno y Cataluña lo sea en realidad entre el Gobierno y los partidos secesionistas catalanes, como lo demuestra el hecho de que la mitad de los miembros de la delegación separatista no sean consejeros de la Generalitat. Al admitir este juego, el Gobierno reconoce algo gravísimo: que los separatistas representan a toda Cataluña, lo que, además de ser falso de toda falsedad, deja, como pretende el secesionismo, en el limbo de la irrelevancia política a más de la mitad de los catalanes, que se declaran no nacionalistas: 2 a 0.
El Gobierno admite que cualquier solución al desafío secesionista -pues de eso y no de otra cosa se trata en realidad- debe negociarse fuera de nuestras instituciones representativas (las Cortes y el Parlamento catalán), lo que convertirá los eventuales acuerdos que la tal mesa pudiera alcanzar, si fuera el caso, en un pacto que luego se impondría como un trágala a las instituciones del Estado democrático: 3 a 0.
En el comunicado final de la reunión, el Gobierno se entrega ya sin disimulos al separatismo y acepta firmar que «cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica», lo que es peor que no decir nada. Es dejar claro que ese marco no será ni la Constitución, ni el Estado de derecho, ni el ordenamiento jurídico vigente: 4 a 0.
La chosca sufrida por el Gobierno antes de ayer deja sentenciados los futuros encuentros que se ha acordado celebrar con carácter mensual, pues, tras ese fiasco inicial, Sánchez ha aceptado unas reglas de juego con las que el separatismo gana siempre: su discurso, sus mentiras y sus desvaríos. Un precio que sencillamente no se puede pagar en democracia por seguir en el poder.