Las medidas tributarias adoptadas por el Gobierno para hacer frente al COVID suponen solo un primer paso. Compartimos, sin duda, muchas de las reclamaciones sobre la necesidad de ir más allá para ayudar a superar esta situación de parálisis económica.
El mejor arte sugiere una combinación de iniciativas de liquidez y provisión de necesidades públicas imperiosas que, en algunos casos, pasa por esa anhelada moratoria fiscal, dejando la liquidez donde estaba para que las empresas sigan generando empleo y actividad económica (o, al menos, no lo destruyan). Todo ello sin perjuicio de que se diseñen o implanten otras acciones extraordinarias que requieren del concurso de terceros e irán directamente al pulmón de la deuda pública.
Aunque las comunidades autónomas pueden arbitrar algunas medidas en este sentido, el volumen y la rapidez necesarios solo pueden ser arbitrados por el Gobierno central al que, en última instancia, le corresponde dirigir la política económica del Estado y la defensa de España ante las instituciones europeas, con la responsabilidad subsiguiente.
Los demás solo podemos ayudar, cada uno desde nuestro ámbito competencial. Es precisamente en esta coyuntura tan crítica cuando los asesores fiscales debemos asesorar a las empresas a implementar medidas efectivas y realistas con los mimbres del actual marco normativo. El objetivo es tapar su principal vía de agua: una liquidez mermada que amenaza con romper la cadena de cobros y pagos vertebradora de toda la actividad empresarial.
En este contexto, no existe otra alternativa que trabajar con responsabilidad y, sobre todo, acertar en medidas tributarias en las empresas que tengan como objetivo la optimización de la tesorería en entornos económicos tan disruptivos como el generado por el COVID-19, utilizando las (escasas) facilidades de pago del marco normativo aprobado en las últimas semanas y los ya existentes con anterioridad.
Hablamos de la optimización fiscal buscando la obtención de flujos de caja, acelerando la obtención de retornos vinculados al I+D (monetización de créditos fiscales) y la acreditación y maximización de incentivos de I+D ya generados y que reducirán la próxima cuota del Impuesto sobre Sociedades (IS) en base a gastos ya incurridos en ejercicios anteriores. Pero también de la optimización y planificación de la deuda aduanera, la revisión del modelo operativo y funcional y de la política de precios de transferencia para adoptar nuevos modelos más eficientes, la cuenta corriente tributaria, las posibilidades del régimen de devolución mensual en IVA, los procedimientos y de compensación de deudas, entre otros.
En definitiva, nuestra experiencia acredita que hay margen de actuación, pero resulta imprescindible desarrollar una estrategia a corto, medio y largo plazo en el ámbito tributario que permita la anticipación de medidas futuras. Nos referimos, por ejemplo, a simplificaciones y reorganizaciones de estructuras corporativas y cadenas de generación de valor, reestructuraciones de deuda, repatriaciones de dividendos y/o beneficios, acreditación de deducciones en el Impuesto de Sociedades, así como una revisión en profundidad de las estructuras de la empresa familiar ante reformas fiscales futuras que puedan empeorar aún más la vía de la liquidez.
El objetivo es claro: a corto plazo solo importa la continuidad del negocio y a medio y largo plazo se debe implementar una estrategia fiscal que se base en optimización, eficiencia y capacidad de adaptación a nuevos retos, incluso corrigiendo ineficiencias y malas prácticas anteriores al COVID-19, que lamentablemente han quedado evidenciadas en estas últimas semanas. La buena noticia es que, pese a todo, tenemos margen de actuación para intentar una progresiva vuelta a la normalidad.