Bruselas diseña estos días un plan de reconstrucción de la economía europea devastada por la pandemia. Ese hecho supone un avance en sí mismo: el norte y el sur de Europa han encontrado un espacio de acuerdo. Habrá un plan conjunto que movilizará una ingente cantidad de recursos, no menos de 1,5 billones de euros. No habrá eurobonos ni mutualización de las deudas nacionales, pero sí endeudamiento de la Comisión Europea, respaldado por el presupuesto comunitario, para financiar las medidas anticrisis. Nadie duda de que la posición del Gobierno de España, que proponía una emisión de deuda perpetua para financiar el plan, contribuyó al acercamiento entre los extremos representados por Holanda e Italia. Nadie lo duda, salvo Pablo Casado, quien asegura que «Europa no se fía de Sánchez».
Avance sí, pero las espadas entre las dos Europas siguen en alto. El caballo de batalla se centra ahora en determinar qué tipo de inyecciones, y en qué proporción, aplicará Bruselas a los países más castigados por el virus: préstamos a cambio de apretarnos el cinturón, préstamos sin más condiciones que dedicarlos íntegramente a combatir los efectos de la pandemia y ayudas a fondo perdido o, por decirlo con eufemismo menos hiriente, créditos no reembolsables.
No hace falta ser un lince de las finanzas para saber en qué bando, ante esas tres modalidades, se ubica cada país. A un lado, aquellos países que tachan de manirrotos a los socios del sur y que, ante la brutal crisis actual, sostienen la filosofía de que cada palo aguante su vela. Si hay que ceder, que cambien de vida, rebajen sus salarios, recorten el gasto público y saneen sus cuentas. Al otro lado, aquellos países aplastados por el virus y la losa de la deuda pública, heredada de la pasada recesión, y sin margen de maniobra fiscal para enfrentarse en solitario a la catástrofe. Uno de sus argumentos para reclamar una acción europea conjunta no debería caer en saco roto: si Italia y España se desploman, el mercado único vuela por los aires.
Y esto no va de colores políticos ni de ropajes ideológicos, sino de intereses nacionales. Por eso manifiesto mi estupor al escuchar el domingo, en una emisora de radio, las declaraciones de Pablo Casado. Tardé en percatarme de que hablaba un español y no un holandés como aquel inefable Jeroen Dijsselbloem, que nos acusó de dilapidar el dinero en vino y mujeres. Casado no llegó a tanto: atribuyó el déficit español al gasto del Gobierno en «medidas electorales» para acudir «dopado» a las urnas. Otro holandés, el ministro Wopke Hoekstra, conminó a Bruselas a «investigar» por qué algunos socios «no tenían margen fiscal para afrontar la crisis». Casado fue más allá: criticó al Gobierno por su pretensión de que «nos transfieran dinero sin obligarnos a tomar medidas por otro lado». Nada dijo de la montaña de deuda pública ni de su génesis. Curiosa forma de patriotismo: propone crespones negros y banderas a media asta, pero ordena a sus eurodiputados que se alineen con Holanda y voten contra los intereses de España en Estrasburgo.