El fallo de la Corte Constitucional alemana sobre el programa de compra de bonos del BCE constituye el lanzazo más venenoso en mucho tiempo, y acaso también el más certero, contra el proyecto de integración europea y, sobre todo, contra la supervivencia del euro. A su lado, las invectivas de los Salvini o Le Pen, por un lado, y los Varufakis, por otro, son cosa de broma. Para empezar, porque supone una impugnación en profundidad de la idea de un espacio común de la justicia europea, pues el Tribunal de Justicia de la UE ya se había pronunciado a favor.
Pero, sobre todo, constituye un ataque brutal a la línea de actuación del banco de Fráncfort, la cual, no se olvide, fue desde el 2012 la única barrera levantada contra la espiral de destrucción económica y financiera en el continente. En esos años, a la pregunta de «¿hay alguien ahí?», el señor Draghi era el único en levantar la mano, ante el silencio pasmoso de los gobiernos. Por lo demás, la sentencia se basa en argumentos que son bien conocidos: sobre todo, insiste en la falta de proporcionalidad de los programas de compra, lo que seguramente es cierto (aunque podría alegarse que proporcional respecto a qué, porque respecto a la escala del desafío que afrontaba sí lo era): en la propia frase ya célebre de Draghi -«haré todo lo que haga falta»- había un elemento de gran desmesura… pero sin esa señal el euro muy probablemente habría desaparecido ya.
Y luego está la requisitoria sobre una confusión entre política monetaria y política económica, que solo tiene sentido cuando la primera se vincula estrecha y únicamente con el consabido objetivo de mantener la inflación en el 2 %. Es cierto que ese es el gran principio formal del propio BCE, como también de otros bancos centrales, pero hace tiempo que estos órganos juegan papeles muy distintos, mucho más amplios y ambiciosos, lo que resulta imprescindible para mantener el pulso de la economía, ante la manifiesta ausencia de políticas fiscales activas.
Por lo demás, el fallo llega en el momento más delicado, cuando el BCE se ve obligado a redoblar su apuesta para evitar un colapso financiero en el continente como consecuencia de la crisis sanitaria. Es cierto que de momento ha abierto un plazo para que el consejo del banco responda a sus cuestiones, y que excluye de sus consideraciones los nuevos programas para mantener la liquidez y afrontar las arremetidas de los mercados en la actual coyuntura crítica, pero sin duda crea un precedente al cual se acogerán en los próximos meses quienes impugnan esa línea de acción, sin la cual… mejor no imaginarlo.
Muchos se preguntarán: ¿qué pinta un tribunal constitucional nacional juzgando estos asuntos? ¿Y si hicieran lo mismo los de Grecia o Eslovaquia? ¿Tendría entonces alguna posibilidad de perduración la Europa unida? Flaco favor le ha hecho el ultra-ordoliberalismo, en este caso jurídico, a la integración europea.