El concepto de renta básica universal ha estado presente desde los años 80 en el debate económico. Se trata de otorgar una renta a todas las personas bajo la única premisa de ser ciudadano de un país. Suele presentarse como instrumento de lucha contra la pobreza en aquellas sociedades cuyo nivel de bienestar y capacidad de generar riqueza debería permitir erradicarla. Alcanzado ese nivel, algunas de las claves que se plantean son su coste y si puede servir como mecanismo adecuado para combatir la pobreza o vector de redistribución de riqueza.
Hace unas semanas, Pablo Iglesias defendía en entrevista concedida al Financial Times una renta mínima vital como pilar fundamental de una Europa más solidaria. Pero el Plan de Estabilidad que España envió a Bruselas no contenía la propuesta del vicepresidente del Gobierno, cuyo coste podría aumentar en 3.000 millones de euros nuestro ya desbocado déficit público. En un escenario de deuda pública que algunas previsiones elevan por encima del 120 %, unido a una tasa de paro superior al 14 %, conforman los parámetros de un rescate.
Pues bien, el borrador del Ministerio de Seguridad Social que pergeña el «ingreso mínimo vital» (IMV) a pocos días de su anunciada entrada en vigor recoge un importe de 462 euros/persona y un máximo 1.015 euros/unidad familiar. Está orientado a hogares, no a personas. Exige realizar el «test de renta» y no superar unos ingresos máximos y un patrimonio límite de la unidad de convivencia cifrado en 100.000 euros excluida vivienda habitual y deudas.
Deberá acreditarse además la búsqueda activa de empleo y será compatible con la percepción de un salario y de otras ayudas y prestaciones. Aunque todos estos ingresos se tomarán en cuenta para verificar el nivel de renta, excepto las becas para el estudio, vivienda y ayudas de emergencia. Encima de la mesa está el debate de fondo sobre la reordenación estructural del sistema de ayudas económicas concedidas por las diferentes comunidades autónomas, el control de la economía sumergida, formación de bolsas de voto dependiente y posible desincentivación de los perceptores de renta mínima respecto a una eventual incorporación a un mercado laboral con salarios bajos. No parece poca cosa.
Es verdad que una propuesta similar formaba parte del programa de gobierno de Unidas Podemos, como también lo es que, a día de hoy, se desconoce la fórmula de financiación. Una medida de semejante alcance necesita de un respaldo presupuestario acorde. Y una economía tan golpeada como la española, con una población envejecida, a duras penas puede sostener el actual sistema socio-sanitario. La economía se fortalece con confianza. Y eso es precisamente lo que no acabamos de inspirar.
No dejar a nadie atrás es un objetivo muy loable. Sin embargo, antes de dar un euro, habría que ofrecer un rumbo. Diseñar una arquitectura de renta mínima con todo detalle. Sería bueno que formase parte de un proyecto transversal estratégico, con exposición pública y trámite de audiencia, que no de urgencia. Ensamblándolo quizá con medidas de flexibilización del mercado laboral, incremento de la productividad y apoyo total a un tejido productivo de pymes masacradas. Un edificio sostenible. Y es que más que subida generalizada de impuestos, la principal reforma que necesita el estado del bienestar es la que genere riqueza necesaria para garantizar su futuro. Corregir los desequilibrios presupuestarios que gobiernos de todos los colores han acumulado y que nos ha pillado con las defensas bajas en tiempos de coronavirus.
Si vamos a optar por actuaciones puntuales y de urgencia, podrían aplicarse los representantes públicos una drástica reducción de cargas superfluas y cargos de libre designación. Porque si algo está en plena fase de escalada es el distanciamiento social con la clase política. Seguro que sería unánimemente aplaudido en balcones y terrazas.