Pasados más de cuatro meses desde la declaración del estado de alarma y del correspondiente parón en seco de la economía, proliferan los diferentes análisis que cuantifican el deterioro económico y realizan previsiones sobre la vuelta a la normalidad.
Estas valoraciones están sujetas a las innumerables incógnitas que rodean este episodio, por lo inédito del mismo, así como por el desconocimiento que envuelve a la propia enfermedad y su posible evolución.
En todo caso, escenarios con una caída del PIB en el 2020 por encima del 10 %, una tasa de paro superior al 20 %, un déficit público en el entorno del 10 % y un nivel de deuda pública por encima del 120 % del PIB no son, por desgracia, nada descartables.
Estamos ante un escenario negativo que ha truncado de forma abrupta la senda de crecimiento de la economía y de mejora de los indicadores que se registraba en los últimos años. Para el 2021, los diferentes análisis coinciden en una vuelta a un crecimiento que permitiría, en parte, recuperar el deterioro sufrido. Esta recuperación, así como su intensidad, dependerá de la evolución de la pandemia, así como del acierto en las medidas que se arbitren desde las diferentes instancias. Será necesario, sin duda, conciliar la implementación de medidas sociales con las de impulso económico de los diferentes sectores.
Para el sector de la construcción, con un peso en el PIB de Galicia del 6,9 % y más de 70.000 empleos directos, esta crisis ha llegado cuando se encaraba una senda de crecimiento que entre los años 2014 y 2019 se tradujo en una disminución del paro registrado de 35.600 a 13.300 personas (reducción del 62,6 %), así como en un incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social que pasaron de 71.900 a 78.200 (incremento del 8,7 %). Todo ello en un contexto en que la licitación pública pasaba de 426,4 a 507,8 millones de euros (un incremento notable del 19 %, que aun así mantiene cifras muy por debajo de los 1.342 millones del año 2011) o en materia de vivienda se pasaba de 12.132 a 17.020 unidades vendidas. Años duros para un sector que ha sido capaz de evolucionar, reconvertirse y en muchos casos reinventarse a través de las mejoras que las nuevas tecnologías nos han posibilitado.
El sector de la construcción, a pesar de la pérdida de protagonismo que ha sufrido en los últimos años (pasando en Galicia de un peso sobre el PIB del 9,3 % en el 2010 al 6,9 % actual), está en condiciones de asumir un papel clave en la vuelta a la nueva normalidad frente a otros sectores más castigados por los efectos de la paralización, como es el turismo o el sector cultural y frente a aquellos más ligados al consumo, como pueden ser textil, automoción, comercio, industria manufacturera… que en momentos de incertidumbre tendrán una previsible contracción.
La inversión pública puede y debe ser una palanca para alcanzar la ansiada recuperación: la rehabilitación de nuestro obsoleto parque de viviendas (en España, con 25,5 millones de unidades, más del 50 % tienen una antigüedad superior a los 40 años), la adecuación de los espacios públicos para el uso peatonal y del transporte sostenible, la mejora de los servicios urbanos, las actuaciones relacionadas con la eficiencia energética, las relacionadas con los servicios básicos de agua y redes de comunicación, así como la mejora de la conservación de nuestras infraestructuras (solo en materia viaria se estima que es necesaria una inversión de 7.000 millones de euros, a nivel nacional, para recuperar unos niveles adecuados) deben ser objeto de una planificación prioritaria por parte de todas las administraciones de forma coordinada y decidida.
Es imprescindible que las administraciones no incurran en improvisaciones, para no repetir errores como ocurrió con el Plan E, así como garantizar la sostenibilidad de la inversión.
De este modo el sector de la construcción podrá actuar como lo hizo siempre: como motor de la economía, generando un efecto multiplicador en otros sectores, como el de los servicios, suministros, bienes de equipo, servicios técnicos…
La inversión pública selectiva, planificada y coordinada por las diferentes administraciones puede y debe ser una de las líneas prioritarias en los próximos meses para recuperar la senda del crecimiento y la recuperación.