Mucho se está escribiendo sobre el acuerdo del Consejo Europeo del 21 de julio. Tras cuatro días de cumbre fue posible un acuerdo que, según las declaraciones de los jefes de Estado y de Gobierno, ha satisfecho a todos. ¿Cuáles son los puntos clave del acuerdo?
Primero, la Comisión Europea está autorizada para emitir en el mercado el importe del plan aprobado para la recuperación europea, Next Generation EU (NGEU): 750.000 millones de euros. Aunque en la decisión del Consejo no hay mención alguna a una emisión de eurobonos, dada la mutualización de riesgos que supone la operación, estamos ante unos eurobonos. Eso sí, el Consejo enfatiza que esta respuesta es excepcional y que la autorización a la Comisión está claramente limitada en tamaño, duración y alcance.
Ligado al reembolso de estos bonos, el Consejo menciona los siguientes pasos a dar en el terreno de nuevos ingresos propios de la Unión Europea (con entrada en vigor entre el 1 de enero del 2021 y el 1 de enero del 2023): tasa sobre residuos plásticos que no se reciclen, mecanismo de ajuste en frontera vinculado al carbono y tasa digital. Asimismo, se avanzará en la revisión del esquema de comercio de emisiones, valorando su extensión al transporte marítimo y aéreo; y en el Impuesto sobre Transacciones Financieras.
Segundo, el importe del NGEU complementa el aprobado en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027: 1.074.300 millones de euros, es decir, el importe total destinado a la recuperación y al fortalecimiento de las economías de los estados miembros es mucho mayor de los mencionados 750.000 millones de euros, especialmente si recordamos algunas secciones de gasto del MFP: Mercado Único, Innovación y Digital; Cohesión, Resiliencia y Valores; Recursos Naturales y Medio Ambiente; etcétera. Un detalle del MFP: se mantienen la reducción en las aportaciones al Presupuesto comunitario de Alemania, Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca (unos 50.000 millones de euros en el período 2021-2027). ¿Se imaginan un acuerdo sin esos rebates?
Tercero, el volumen de transferencias que puede recibir España (unos 70.000 millones de euros, que representa un 6 % de nuestro PIB) es satisfactorio, ya que permite dedicar fondos a la recuperación sin aumentar la relación deuda pública/PIB. Un elemento importante es que el 70 % de las transferencias deberán estar comprometidas entre el 2021 y el 2022 (basándose en variables como el desempleo y la renta per cápita en el período 2015-2019), y el 30 % restante a finales del 2023 (considerando la caída acumulada del PIB en 2020 y 2021). Esto nos obliga a preparar lo antes posible proyectos interesantes para su financiación. Sin proyectos no hay dinero.
Cuarto, los fondos del NGEU deberán financiar prioritariamente proyectos verdes y de digitalización. En concreto, el objetivo climático abarcará un 30 % del gasto total del NGEU y del MFP.
Quinto, la controvertida condicionalidad se plasma en dos elementos: por un lado, los estados miembros tienen que preparar planes de recuperación y fortalecimiento de sus economías, incluyendo una agenda de inversiones y reformas para el período 2021-2023. Por otro lado, la Comisión valorará dichos planes, que tendrán que ser aprobados por el Consejo por mayoría cualificada. El cumplimiento de objetivos e hitos en los planes deberá contar con el visto bueno del Comité Económico y Financiero del Consejo, y, si un estado miembro o más observan una desviación significativa, el tema será elevado al Consejo.
Estamos ante un acuerdo histórico, que ha sido muy bien recibido por los mercados europeos (apreciación del euro, bajada de las primas de riesgo española e italiana y subidas bursátiles). Ahora, el balón está en nuestro tejado: el Gobierno tiene que presentar un programa creíble de reformas y los proyectos de inversión a financiar.