Resulta que a la ministra de Hacienda no le llegan los 140.000 millones de euros -casi la mitad a fondo perdido- que nos transferirá la Unión Europea para paliar los efectos del covid-19. María Jesús Montero, obligada por la crisis, no puede subir impuestos a diestro y siniestro, como le gustaría a ella y a Pablo Iglesias, por cierto, con el compartió militancia en las Juventudes Comunistas, y ha visto una oportunidad decretando la expropiación de los fondos acumulados por los ayuntamientos y las diputaciones. Unos 15.000 millones. Abel Caballero, obligado por la lealtad partidaria, ha ofrecido el tesoro de los ciudadanos a Pedro Sánchez amparándose en un argumento sencillo. La ley del PP era peor y Montoro, muy malo. Como chascarrillo, estupendo, pero como ciudadano parece un insulto.
El supuesto ahorro de los ayuntamientos no es tal. Los ingresos municipales, al margen de las transferencias del Gobierno y los ejecutivos autonómicos, dependen de tres patas: el IBI, o sea, la casa en la que vivimos, y el impuesto de circulación, las multas y tasas (terrazas, ORA...) y el Impuesto de Actividades Económicas. Es cierto que cada euro que queda sin gastar responde a un error del concello, cuyo objetivo no es dar beneficios, sino rentabilizar hasta el último céntimo en beneficio de las personas.
Cada euro que un ayuntamiento (o una diputación) deja sin gastar supone una moción de censura a su eficacia. Pero no parece de recibo que el Gobierno arranque sus ahorros a los municipios para intentar camuflar sus debilidades financieras y justificar una fortaleza financiera a ojos de la Unión Europea que no es tal y que solo sirve para autoengañarnos.
Abel Caballero ha preferido enrocarse en su firma con Pedro Sánchez, el jefe de los socialistas, y descalificar a los que no están de acuerdo con el pacto alcanzado para permitir la incautación de los ahorros de los ciudadanos. Pero el alcalde de Vigo y presidente de a FEMP debería mirar hacia los 8.113 municipios y darse cuenta de que una mayoría de alcaldes de todas las siglas -del PP a Bildu, pasando por el PNV, Podemos y sus satélites, Izquierda Unida, Esquerra, Junts, el PNV, Compromís, el BNG, los independientes...- se han posicionado en contra de su plan y amenazan con propinar una sonora derrota parlamentaria a Sánchez. Si tan seguro está Abel de su plan, ¿por qué no lo somete a votación entre sus asociados? Lo otro es jugar con nuestros ahorros.