La relación establecida entre Irán y Venezuela desde los tiempos del difunto Hugo Chávez y el todavía vivo, pero fuera del poder, Ahmadineyav admite, como poco, el calificativo de singular. Separadas por más de 12.000 kilómetros, la teocracia del país asiático y la dictadura sudamericana parecen no tener nada en común, salvo sus violentos métodos represivos para eliminar a los críticos, así como su nefasta gestión económica pese a nadar en petróleo. Los defensores de ambos países probablemente argumentarán que su vinculación se basa en la defensa de su independencia y su lucha contra la injerencia del «Gran Satán».
Pero lo cierto es que el aislamiento internacional deriva, sobre todo, de su terrible violación de los derechos humanos. Según Human Rights Watch, 4,5 millones de los 32 millones de venezolanos han huido del país, la mayor migración contemporánea en América Latina, mientras que Naciones Unidas afirma que uno de cada tres carece de comida suficiente, es decir, 9,3 millones de personas. Eso por no hablar de las desapariciones, arrestos arbitrarios, la impunidad de los servicios de seguridad y los más de 60 asesinatos diarios. En Irán, el 50 % de la población carece de derechos civiles, es decir, todas las mujeres; además no hay libertad de expresión ni de culto, los juicios carecen de garantías, se aplica con frecuencia la pena de muerte y hay muchos presos de los que se desconoce su paradero.
Conscientes de que el aislamiento continuará, pese a que la prohibición de venta de armas a Irán parece que expirará en octubre si EE.UU. no logra que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe su extensión, los países refuerzan su alianza, no solo con la venta de gasolina y el envío de técnicos para gestionar la producción y elaboración del petróleo venezolano, sino con la apertura de un supermercado persa de la cadena Megasis donde los caraqueños podrán comprar con dólares lo que deseen, mientras las tiendas normales carecen de productos básicos y la población no tiene dinero para adquirirlos.