«Vamos a dejar este país que no lo va a reconocer ni la madre que lo parió». Era octubre de 1982. El PSOE acababa de ganar las elecciones. Y su vicesecretario general, Alfonso Guerra, hacía una declaración de intenciones así de ambiciosa. Catorce años después, cuando los socialistas abandonaron el poder, España seguía siendo reconocible. Pero, al margen de las sombras innegables en tan largo período de gobierno, era, en línea con una evolución que arrancó en 1977, un país más próspero; con un estado del bienestar más desarrollado; con más justicia social y más integrado en Europa que cuando González llegó a la Moncloa. Ese cambio formidable fue posible sin cuestionar el modelo democrático constitucional surgido de la Transición.
Treinta y ocho años después, se cumplen hoy doce meses de las elecciones generales ganadas por el PSOE en noviembre del 2019. Y, en ese corto período, el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha generado un alarmante retroceso democrático que amenaza con hacer de España un país irreconocible respecto a su trayectoria de las últimas décadas. La decisión de Sánchez de apartarse de la tradición de la socialdemocracia europea para aliarse con un partido populista, radical y antisistema como Podemos ha demostrado ser un error histórico. Se dijo hace un año que, haciéndole partícipe de la labor de Gobierno, el PSOE conseguiría integrar Podemos en el sistema constitucional. Pero ha sucedido lo contrario. Poniendo por delante el objetivo de mantenerse en el poder a toda costa, Sánchez se ha entregado al autoritarismo y la radicalidad consustanciales a una fuerza política cuyo objetivo es la destrucción del régimen democrático. Se equivocaron quienes pensaron que era imposible que Podemos aspirara a ensayar en España el populismo bolivariano. Está en su naturaleza.
Solo en los últimos días, hemos asistido a un ataque frontal a las libertades, la división de poderes y la igualdad de todos los españoles. En medio de un desproporcionado estado de alarma por el que podría gobernar durante medio año sin control parlamentario, el Gobierno pretende someter al poder judicial a su mayoría de investidura; crea un ministerio de la verdad con el que se arroga la facultad de decidir lo que es veraz y lo que no lo es; amenaza con vigilar estrechamente a los medios que se aparten de la verdad oficial; suprime la cooficialidad del castellano en los planes escolares y anuncia que Hacienda podrá allanar el domicilio de cualquiera sin previo aviso. Solo un ingenuo puede creer que todo es fruto de la casualidad o que las críticas son exageradas. La democracia española y la autoridad de una Unión Europea que ya ha advertido que velará por el respeto a las libertades impedirán que se consolide en España esa deriva autoritaria. El PSOE volverá a ser un gran partido de Estado. Pero muchos socialistas que permanecen callados se preguntarán algún día cómo permitieron que Iglesias y Sánchez les arrastraran a gobernar como un partido al que hoy no reconocería ni la madre (o el padre) que lo parió.